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Denuncian la paralización de la renegociación de Trenes y deficiencias en la CNRT

Respecto al control en la prestación del servicio, el órgano responsable, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), se encuentra intervenida desde 2001 por decreto presidencial y a pesar de lo establecido en la norma de creación, que prevé la conformación de un Directorio plural, técnico e independiente, compuesto por funcionarios idóneos, elegidos en un proceso de convocatoria, la CNRT se encuentra actuando de modo irregular.

La intervención implica que un único funcionario, designado por arbitrio del Presidente de la Nación, ostenta las facultades normativas del Directorio, lo cual deprecia la capacidad técnica del organismo y su independencia política.

Entre las razones esbozadas para disponer la intervención del ente de control se mencionó que se habían detectado falencias en la gestión del ente que requerían una profunda reestructuración para orientar su gestión a resultados y alcanzar mejores estándares de calidad en los servicios públicos de transporte.

Sin embargo, según pudo comprobar la ACIJ, durante todo el tiempo transcurrido (6 años), no se ha elaborado ni implementado ningún plan de reestructuración del organismo

“A 6 años de su intervención la CNRT no implementó ninguna reestructuración ni es posible evaluar integralmente su función porque no otorga información pública a los ciudadanos. No sólo no se vislumbran los cambios institucionales y operativos que la medidas esta destinada a garantizar, sino que la calidad de la fiscalización ejercida por el organismo y la relación de este ente de control con la comunidad decrece cada vez más”, explica la abogada Verónica Tarzia, coordinadora del programa Servicios Públicos de la ACIJ.

De todos los servicios públicos y contratos los de ferrocarriles de pasajeros son los que mayores demoras presentan, ya que ni siquiera ha comenzado la etapa de acopio y análisis de información en la Unidad de Renegociación de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) dependiente del Ministerio de Planificación Federal.

“Dentro del marco del proceso de renegociación, el Estado tiene la oportunidad histórica de revisar lo actuado por las empresas privatizadas de servicios públicos, en cuanto a la calidad y eficiencia con la que prestan los servicios y el cumplimiento de las inversiones necesarias para mantener la infraestructura, evitando repetir los errores del proceso de privatización de la década del 90. Asimismo, existe la oportunidad de imponer nuevas obligaciones, ajustadas a la realidad del estado de los ferrocarriles en nuestro país”, explicó la abogada Verónica Tarzia coordinadora del programa de Servicios Públicos de la ACIJ.

Sin embargo, por alguna razón que se desconoce, la UNIREN ha suspendido de hecho el proceso de análisis y renegociación de estos contratos, mientras los servicios que las empresas prestan continúan siendo deficitarios y violatorios de los derechos constitucionales de los usuarios.