19.09.05 // Novedades, NOVEDADES

Denuncian fallas en el control del Estado (La Nación)

Cometer un delito o actuar en forma perjudicial para el Estado en cualquiera de las cientos de miles de oficinas de la Administración Pública Nacional y no ser detectado no resulta hoy una tarea de especial dificultad. Esto es así no sólo por la enorme cantidad de decisiones que miles de funcionarios -de alta y baja jerarquía- toman a diario, sino también por las deficiencias en el sistema de control.

Las principales debilidades de los organismos encargados de esa tarea son la falta de cooperación entre sí, la excesiva injerencia de cuestiones políticas, la fragilidad institucional, la escasez de presupuesto y de personal y los problemas normativos, de acuerdo con el diagnóstico de organizaciones civiles que trabajan por la transparencia y de funcionarios de esas dependencias consultados por LA NACION.

La vigilancia de la gestión de todas las agencias que dependen del Poder Ejecutivo está a cargo de dos organismos: la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que responde a la Casa Rosada y que hace el control interno, y la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo autónmo que asiste al Congreso y que se ocupa del control externo. El presupuesto de la Sigen asciende a 26 millones de pesos; el de la AGN, a 29 millones. Además, hay otros dos órganos que se encargan de la investigación de presuntas irregularidades en la administración pública: la Oficina Anticorrupción (OA), en la órbita del Ministerio de Justicia, y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA), que responde al Ministerio Público. La OA manejará $ 1.204.125 durante 2005; la FNIA no tiene un presupuesto autónomo.

A la vez, sigue sin conformarse la Comisión Nacional de Etica Pública, creada por ley en 1999 para vigilar el comportamiento y patrimonio de funcionarios de los tres poderes.

La necesidad de fortalecer los órganos de control no es nueva: fue la recomendación que hizo hace dos años un comité de expertos encargados de verificar el cumplimiento en el país de la Convención Interamericana Contra la Corrupción. En el documento final, se instó a la Argentina a “tomar medidas tales como mecanismos públicos transparentes de selección, designación y remoción de los funcionarios [de los organismos de control superior], mayor autonomía de las unidades de auditoría interna y autarquía de la OA”.

Si bien destacan avances respecto de años anteriores, las organizaciones no gubernamentales (ONG) sostienen que esas recomendaciones internacionales mantienen su vigencia.

Despolitizar

“El problema de los entes de control es cómo despolitizar su actividad. Si no se logra, existe la posibilidad de que el partido de turno utilice al Estado con fines políticos o electorales, como puede estar pasando con los planes sociales o con los excedentes presupuestarios”, dijo a LA NACION Cristián Gruenberg, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

Varias de las ONG consultadas mencionaron como ejemplo de organismo con excesiva influencia política a la Sigen. El organismo lo dirige Claudio Moroni, ex superintendente de Seguros, por designación del presidente Néstor Kirchner. La crítica apunta contra la síndica general adjunta, Alessandra Minnicelli, que es la mujer del ministro de Planificación, Julio De Vido.

“Su designación puede llevar a un conflicto de intereses, ya que el ministro se encuentra sometido a la fiscalización de su propia esposa”, dijo Laura Alonso, de Poder Ciudadano.

Desde el momento de la designación, en junio de 2003, esa organización reclama al Presidente la suspensión de Minnicelli, a quien pidió cuatro informes de gestión, que nunca fueron respondidos. En la Sigen aclararon que la funcionaria no se ocupa de fiscalizar el Ministerio de Planificación.

“Hay un problema de filosofía. Este organismo está mal interpretado por alguna gente”, dijo a LA NACION el secretario general de la Sigen, Angel Gurruchaga. “Es un organismo de auxilio en la gestión, no con una función policial”, explicó.

Uno de los inconvenientes del organismo es que sus recomendaciones no son vinculantes, por lo que algunas de las irregularidades que señala se repiten cada año, según relató un funcionario de una gestión anterior.

También la OA, encabezada por Abel Fleitas Ortiz de Rozas, es cuestionada por su dependencia del Poder Ejecutivo. “Al jefe del organismo lo designa el Presidente. Es imposible pensar que un funcionario nombrado por él va a investigarlo en un tema que pueda perjudicarlo realmente”, dijo Ezequiel Nino, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Revisión de cuentas

Esa organización realizó un estudio del funcionamiento de los controles de la AGN. De acuerdo con ese análisis, las falencias se concentran en la tarea de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, que tiene mayoría de integrantes del PJ y que demora los informes de auditoría.

Desde la AGN, que preside Leandro Despouy, reclaman una reforma estructural y señalan otras deficiencias: la imposibilidad de seguir en la Justicia las causas iniciadas por hallazgos de la auditoría, las trabas para el acceso a la información en los organismos auditados y poca respuesta del Poder Ejecutivo a sus recomendaciones. La AGN también reclama mayor presupuesto.

Desde noviembre de 2003, la FNIA, dirigida por Manuel Garrido intenta poner fin a doce años de parálisis, aunque presenta varios obstáculos.

“No vi actitudes de querer hacer cosas para mejorar los organismos de control, como dotarlos de mayor presupuesto. Si la voluntad política no se acompaña por una partida, se transforma en expresión de deseos”, indicó el presidente del Foro Social para la Transparencia, Norberto Borzese.

Por Gabriel Sued
De la Redacción de LA NACION
Con la colaboración de Paz Rodríguez Niell

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