02.10.07 // Novedades, NOVEDADES

Denuncian ante la Corte la grave falta de independencia en sistemas judiciales de siete provincias. (Total News Agency)

Una investigación realizada por un grupo de organizaciones civiles coordinadas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia reveló que la cada vez mayor injerencia del poder político sobre los sistemas judiciales de siete provincias viola los principios constitucionales como “la independencia y estándares nacionales, como la autonomía, la imparcialidad y la inamovilidad”.

El informe –que será entregado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación– determina que la independencia de la Justicia –garantizada constitucionalmente– es prácticamente inexistente en las provincias argentinas, donde “las maniobras políticas para subordinarla a sus intereses son cada vez más explícitas”.

Se trata de un proyecto realizado por la Fundación Crecer San Luis, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), Participación Ciudadana, y Convocatoria Neuquina por la Justicia y la Libertad de Expresión, con la coordinación de ACIJ.

El trabajo analizó la situación de la Justicia de San Luis, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz, en base a los principios constitucionales de independencia respecto a los poderes locales y estándares internacionales como la autonomía, imparcialidad e inamovilidad.

El resultado del informe sostiene que ya casi no llama la atención la mayor injerencia del poder político en la esfera judicial que, lejos de hacerse de manera oculta o secreta, implica hasta reformas en las constituciones provinciales para hacerla valer. “Parecen cosas sacadas de la literatura: sorprende lo burdo y arbitrario de las maniobras, que, en la Nación, también existen, pero mucho más disimulado”, destacó Ezequiel Nino, codirector de ACIJ.

Nino destacó algunos patrones comunes encontrados en las provincias analizadas como “modificaciones a las constituciones locales o leyes que regulan los consejos de la magistratura, para inferir en la designación y remoción de jueces; la creación de nuevos cargos para quitar poder e independencia a la Justicia; la falta de transparencia; presiones directas o indirectas de funcionarios políticos sobre funcionarios judiciales y a través de los medios de comunicación, entre otros”, enumeró.

El trabajo se divide en siete capítulos, correspondientes a cada una de las provincias, en las que se analizan casos concretos y sistemáticos de avasallamiento de la independencia del Poder Judicial, tanto desde el Poder Ejecutivo (PE), como desde los poderes legislativos, que en todos los casos responde al PE.

En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, el informe muestra las intrincadas relaciones del caso Sosa, donde una modificación de la Legislatura provincial permitió destituir a un funcionario judicial, atentando contra la garantía de inamovilidad de los cargos y pese a que la Constitución de esa provincia dispone que esto sólo puede hacerse mediante el jurado de enjuiciamiento.

El cambio consistió en la sanción, en 1995, de una ley provincial (Nº 2404) que dispuso el desdoblamiento en dos del cargo del Procurador General ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ): un Agente Fiscal ante el TSJ y un Defensor de Pobres, Ausentes e Incapaces. Esto provocó que las funciones que antes recaían en un solo magistrado, el doctor Eduardo Emilio Sosa, pasaran a ser realizadas por dos. Y Sosa, claro, quedó afuera.

Ante diversas presentaciones de Sosa, “la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), a través de diversos fallos, remarcó que la actuación de la provincia en el caso no sólo había sido inconstitucional por la destitución misma de Sosa sin el correspondiente jury de enjuiciamiento, sino que, para subsanar ese defecto, correspondía además dictaminar restituirlo a su cargo, lo cual el Tribunal provincial omitió abusivamente en varias oportunidades, para finalmente incumplir decidiendo la sustitución de la restitución en el cargo por una suma de dinero”, relata el informe.

En efecto, en 2005 el TSJ fijó una indemnización para Sosa de 1,2 millones de pesos. Sosa no la aceptó y se presentó de nuevo ante la CSJN a través de un recurso de queja. El caso sigue sin resolución.

“Queremos darles relevancia nacional, hacerlos conocer en la Corte Suprema y en la Asociación de Magistrados Nacionales, y señalarles que también tienen un costo nacional”, señaló Nino. Y destacó que el informe también será presentado al Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Leandro Despouy, y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“En Jujuy, por ejemplo, no tenemos Consejo de la Magistratura y la designación de jueces esta concentrada en el poder político”, destacó Andrea Quintos, representante de Andhes Jujuy. Y Guillermo Worman, de Participación Ciudadana, recalcó que, en casos como éste, “la solución sería instrumentar mecanismos de designación con participación de la ciudadanía”.

El informe se dio a conocer esta mañana en el salón de usos múltiples Emilio Mignone de Poder Ciudadano y CELS, y contó con la presencia de representantes de cada una de las organizaciones civiles que analizaron los casos de las provincias estudiadas: además de Nino, Quintos y Worman, participaron Silvia Couyoupetrou, de Convocatoria Neuquina por la Justicia y la Libertad de Expresión; Pablo Camuñas, de Andhes Tucumán, y Enrique Ponce, de la Fundación Crecer San Luis.

Además, entre las trabas que los organizadores recalcaron para hacer su trabajo cotidiano, destacaron: “La primera y principal, es la dificultad con las que nos encontramos para acceder a la información pública; y la segunda es la descalificación que recibimos constantemente desde el poder político”, concluyó Couyoupetrou.

Total News Agency

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