22.12.10 // Novedades, NOVEDADES

Denuncia penal sobre la emisión de los Bonos Tango

La denuncia atribuye graves irregularidades en la contratación del banco Credit Suisse y la consultora KBR Finance Ltd. a los fines de la emisión de la serie 8 de los Bonos Tango. La Ciudad acordó con las empresas el pago de U$S 10 millones por las gestiones de suscripción, administración y “los servicios de organización del bono”. Esta operación, que alcanzó la suma de U$S 475 millones, estaba destinada exclusivamente a la extensión de la red de subterráneos, sin embargo, el dinero obtenido se afectó durante 4 meses a la compra de letras del tesoro nacional y a un depósito a plazo fijo en el Banco Ciudad a una tasa de interés anual muy inferior a la devengan los cuestionados bonos, por lo que los recursos obtenidos no fueron empleados en su destino original y actualmente, parte de ese dinero, está destinado a AUSA y a obras de educación.

La contratación también incluyó un costo adicional por estructuración del bono, cuando en los instrumentos jurídicos ni siquiera se especificaron qué actividades correspondían a KBR en este sentido, siendo que por trayectoria y especialidad esas tareas bien podrían haber sido resueltas por el Credit Suisse. Del mismo modo, resulta llamativo que sean más altos los honorarios por la organización de KBR (1,25% del capital), que por la colocación (0,75%) de los bonos en manos del banco contratado.

La investigación que dio origen a la denuncia de ACIJ, señaló que la firma KBR –hasta ahora desconocida en el mercado de capitales- es dirigida a nivel local por Edgardo Srodek: persona comprometida en el armado de la coalición entre Recrear y PRO, financiador y jefe de la campaña en la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 2007. Por su actividad política, Srodek mantuvo desde 2005 un estrecho vínculo con los principales referentes del PRO, hoy miembros del gobierno local, entre ellos el Ministro de Hacienda, Néstor Grindetti.

 Sin duda, estos hechos constituyen un incumplimiento generalizado de la Constitución de la Ciudad, la ley de Ministerios y la ley de Administración Financiera, normas que imponen a los funcionarios competentes la observancia de procedimientos y principios vertebrales para considerar legítimo el obrar de la administración pública. Fundamentalmente se detectó falta de motivación de los actos administrativos, el dejar de lado la intervención del Banco Ciudad, que es el agente financiero oficial del Gobierno por mandato constitucional. Asimismo, se denunció infracción manifiesta y grave en el manejo de los recursos públicos en función de los principios de eficiencia, eficacia, economía y legalidad por los que están obligados.

 De este modo, ACIJ entiende que hubo daño al erario público mediante decisiones intempestivas, inoportunas e irreflexivas, que se evidencian en las decisiones que fueron tomadas durante este proceso, como la de realizar una operación sin saber cuándo iba a necesitarse el dinero, y a esos fines contratar una consultora de dudosa experiencia y liderada a nivel local por una persona altamente vinculada a los funcionarios intervinientes y a los principales dirigentes porteños; cuando se aceptó pagar elevadas sumas de dinero en favor del banco y la consultora; cuando se decidió contraer un empréstito para realizar obras no licitadas; cuando se lo destinó a actividades que ni siquiera cubrían los costos iniciales de la operación, tardándose cuatro meses en poner en conocimiento de ello a la Legislatura local. ________________________________________

Para mayor información:

 Luis Villanueva (coordinador del Programa Acción Ciudadana y Lucha contra la Corrupción de ACIJ),

 María de la Paz Herrera (abogada del Programa Acción Ciudadana y Lucha contra la Corrupción de ACIJ),

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