25.09.07 // Novedades, NOVEDADES

Datos para la igualdad educativa (La Nación)

Es sencillo comprobar que, en términos generales y desde una perspectiva histórica, la condición socioeconómica de las personas no ha sido tomada adecuadamente en cuenta como criterio para distribuir muchos de los recursos de nuestra ciudad. Un ejemplo claro de ello es la continua postergación de la zona sur en materia educativa.

En la zona sur faltan escuelas, las aulas se encuentran superpobladas, hay niños y niñas que son trasladados todos los días a escuelas en distritos aledaños, y hay otros que no pueden asistir a clases porque no consiguen vacantes. Esta situación es distinta en zonas de la ciudad más ricas, donde el espacio físico y los alumnos por docente superan los parámetros mínimos reglamentarios.

Esto sucede a pesar de que nuestra constitución garantiza el derecho fundamental a la educación y consagra la igualdad de oportunidades y la no discriminación como principios a los que deben ajustarse las políticas públicas.

La desigualdad en materia educativa apareció en la reciente campaña electoral, una vez más, como una preocupación compartida por todos los candidatos, incluso el que resultó elegido. Sin embargo, para albergar una esperanza de cambio resultará fundamental un cambio radical, y previo, respecto de la deficiente política de producción y difusión de la información pública vigente.

La falta de producción, sistematización y centralización de datos estadísticos del ámbito educativo de la ciudad constituye un obstáculo insuperable para el diseño de políticas redistributivas eficaces, por la evidente razón de que si no se conoce lo que existe no se puede decidir qué debe ser modificado.

A esto se suma la falta de difusión de la información existente, lo que dificulta la posibilidad de control por parte de los órganos correspondientes y de la sociedad civil. El hermetismo de los organismos hace casi imposible conocer datos importantes, como el número de niños y niñas que no acceden a educación primaria por falta de vacantes, la cantidad desagregada de alumnos por aula, las dimensiones de las aulas de las escuelas, la cantidad de niños que son trasladados a otros distritos, etc.

A su vez, la información estadística que sí existe y que permitiría evaluar indicadores clave sobre la realidad del sistema educativo no se publica en forma desagregada, por unidad educativa, ya que se considera que dicha información entra en lo que se denomina “secreto estadístico”.

Debemos tener presente que para que puedan concretarse las promesas electorales en materia de igualdad educativa, quienes han resultado elegidos deberán trabajar fuertemente en el rediseño de la tradicional situación de falta de producción y difusión de la información pública relevante.

Sólo así puede concebirse un diálogo constructivo entre los diversos actores sociales, para evaluar las mejores formas de rectificar la actual situación de postergación de los ciudadanos en peores condiciones socioeconómicas.

Por Martin Sigal y Nuria Becú
ACIJ

Sigal es director de la Asociación por la Igualdad y la Justicia, y Becú, coordinadora del programa Igualdad Educativa, en la Capital Federal.

La Nación

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