28.04.16 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios)

Cuanta más información, mejor democracia

La Nación

22-4-2016.

El proyecto de ley de acceso a la información pública, que ayer obtuvo dictamen de mayoría con disidencias parciales en comisiones de Diputados, no sólo aspira a saldar una antigua deuda de la democracia argentina, sino que también viene a poner al alcance de los ciudadanos un derecho que les ha sido negado durante demasiado tiempo. Basta con recordar que son 13 los países de América latina en los que ya rige la ley, mientras que la Argentina comparte en soledad un triste podio junto con Bolivia y Venezuela. El proyecto cuenta esta vez con una amplia participación de organizaciones de la sociedad civil, los medios, la ciencia, el derecho y la política. Lo presentó el presidente Mauricio Macri en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno: fue un gesto destacable que reafirma la necesidad de contar, de una buena vez, con una herramienta fundamental para la lucha contra la corrupción y el control ciudadano de los actos públicos, y que permita ser la puerta de acceso a otros derechos fundamentales.

Los intentos previos de aprobar una ley de ese tipo se remontan a 2001, cuando la Oficina Anticorrupción elaboró un proyecto que fue enviado al Congreso por el entonces presidente Eduardo Duhalde. Las disidencias entre el oficialismo y la oposición frustraron la iniciativa. Otro intento ocurrió, en diciembre de 2003, a poco de asumir Néstor Kirchner la presidencia, cuando firmó el decreto de acceso a la información pública, aplicable sólo al Poder Ejecutivo y las instituciones que dependen de él. Los resultados fueron un desconcertante fracaso. Si bien hubo muchos pedidos a diversos organismos, las respuestas oficiales fueron escasas, parciales, tardías, y, en la mayoría de los casos, ni siquiera se brindó información. Tanta desprolijidad y falta de entusiasmo obligó a la Corte Suprema de Justicia a intervenir: condenó al Estado en cinco fallos por no cumplir con ese decreto y exigió además a varios organismos oficiales transparentar y entregar la información requerida.

El texto actual se nutre de -y rescata- múltiples antecedentes parlamentarios presentados en los últimos 15 años por legisladores de distintas fuerzas políticas. De hecho, el dictamen de mayoría que acaba de ser aprobado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, contó con la firma de los legisladores de Cambiemos y de los de la mayor parte del arco opositor, incluyendo al kirchnerismo y al peronismo disidente. Su tratamiento en el recinto está previsto para el 4 del mes próximo.

Además de otros conceptos, la iniciativa establece que el acceso a la información es condición necesaria para el ejercicio efectivo de, entre otros derechos, los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, como la educación, la salud, la libertad de expresión o un empleo digno.

Establece que todos los ciudadanos están habilitados para pedir en forma gratuita información a cualquier organismo de la administración pública nacional y que esa solicitud debe ser satisfecha en un plazo no mayor de 15 días hábiles, con la posibilidad de prorrogarlo por igual período. Sostiene además que, ante la denegatoria de esa información, habrá un plazo de 40 días para que el solicitante interponga un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, un órgano que creará la misma ley y que tendrá un director elegido por el Poder Ejecutivo. Precisamente, ese punto es motivo de reclamo por parte de algunos legisladores y de organizaciones como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Concepción Data, Fundación Conocimiento Abierto, Directorio Legislativo, Poder Ciudadano y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea). Todos ellos reclaman que el órgano garante del acceso a la información pública tenga independencia del Poder Ejecutivo para su correcto funcionamiento, ya que se trata del control de los actos de los propios funcionarios.

Por otra parte, no serán de acceso público informaciones clasificadas como reservadas, confidenciales o secretas que pudieran poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario; secretos industriales, científicos y técnicos, y la información en poder de la Unidad de Información Financiera (UIF), entre otros muchos tipos de datos sensibles que puedan poner el peligro la vida o la seguridad de las personas.

El imperativo de exigir al poder y a los funcionarios que rindan cuenta de sus actos abarca un escenario que se extiende mucho más allá de la lucha contra la corrupción y que compromete a todos los poderes del Estado. Quienes hoy proponen una ley en la materia, quienes se aprestan a sancionarla y quienes la aplicarán en el futuro desde la Justicia deben ser conscientes del desafío que ello implica. Basta con mirar alrededor y enterarse de los escandalosos casos de corrupción con los que el país se levanta cada mañana. También deberán tomar debida nota los que asisten a la Justicia: funcionarios policiales, expertos en informática, en lavado de dinero, en localizar archivos y documentos ocultos que pueden ser prueba de delito.

Adoptar una buena ley sobre el acceso a la información es una primera etapa, imprescindible, pero no basta. Su aplicación en la práctica administrativa es mucho más difícil. Sin embargo, hay un común denominador que identifica a la mayoría de los países que han sido más exitosos a la hora de exigirle al poder que rinda cuentas. Esa particularidad es el grado de participación cívica, el interés y el acompañamiento con el que una sociedad se involucra de manera activa en la elaboración de las políticas públicas. La confianza social no sólo facilita la aplicación de las políticas públicas: su mayor logro es que legitima al gobierno.

El periodismo, al igual que la Justicia, también es un actor de importancia en esta búsqueda de transparencia para sacar a la luz y documentar aquello que se quiere ocultar. Pero, como advierte Ryszard Kapuscinski, uno de los grandes maestros de la profesión, el periodismo tiene que trabajar en su propio espacio. Su consejo es: “El periodista no es policía ni juez; su papel es encender una linterna para ver dónde se esconden las cucarachas”.

 

Asociación por los Derechos Civiles

Foro de Periodismo Argentino

ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia)

Concepción Data

Fundación Conocimiento Abierto

Directorio Legislativo

Poder Ciudadano