12.10.05 // Novedades, NOVEDADES

Cuando la Ciudad discrimina (La Nación)

Por Gustavo Maurino y Mariano Szkolnik
Para LA NACION

La Ciudad de Buenos Aires ha implementado una encomiable campaña de higiene urbana en virtud de la cual se han instalado 38.000 cestos papeleros, acompañados de una intensa actividad de concientización ciudadana.

Sin embargo, la zona sur de la ciudad (especialmente Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) no ha sido incluida en la campaña y no ha recibido los conocidos cestos naranja y negro. Justamente ésta es la única zona de la ciudad donde el servicio no ha sido concesionado, y la que posee los indicadores socioeconómicos relativos más alarmantes.

Según el censo 2001, aproximadamente uno de cada cuatro habitantes de la zona sur pertenece a familias con necesidades básicas insatisfechas, mientras que en barrios como Almagro, Recoleta o Villa Devoto apenas dos de cada cien habitantes viven en tal condición.

Además, cerca del veinte por ciento de la población de los distritos de la zona sur habita viviendas técnicamente deficitarias, mientras que en Núñez o Belgrano esa proporción no supera el uno por ciento.

La zona sur presenta también las tasas más elevadas de deficiencia y falta de acceso a cloacas y agua corriente, alumbrado público, redes de gas y electricidad, frente a una cobertura prácticamente total en el resto de la ciudad.

Los datos oficiales revelan, pues, la existencia de una estrecha asociación entre el nivel socioeconómico y el acceso a la mayoría de los bienes, derechos y servicios que determinan la calidad de vida de las personas.

Sin embargo, el fenómeno no obedece a una caprichosa fatalidad natural. Tal como ilustra el caso de los cestos papeleros, los que menos tienen son los que peores servicios reciben, como resultado directo de diversas decisiones públicas.

Las autorizaciones contractuales a la empresa que provee el agua corriente en la Capital Federal y buena parte del Gran Buenos Aires para que corte el suministro a los usuarios que no puedan pagar el servicio, o la aceptación estatal frente a la prestación de servicios de transporte ferroviario de calidad notoriamente diferenciada según el perfil de los usuarios y sus zonas de residencia son sólo algunos de los muchos ejemplos de las dinámicas por las que el problema se reproduce.

Esto se contradice explícitamente con los dictados de nuestra Constitución nacional, reformada en 1994, en tanto garantiza que la diferente condición social o posición socioeconómica no puede ser una razón válida para establecer distinciones de trato entre las personas.

Se trata de un poderoso principio, aceptado expresamente por las convenciones de derechos humanos, que refleja el compromiso más básico de la república con el ideal de la igualdad y el rechazo de una sociedad de castas y privilegios, protegiendo especialmente a los grupos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al Estado.

En virtud de esta expresa protección jurídica, las decisiones públicas que tengan por finalidad o efecto limitar o excluir a los que menos tienen del acceso a los derechos, bienes y servicios básicos deben ser sospechadas, prima facie, de inconstitucionalidad.

Ante ellas, los jueces deben activar el severo test de evaluación llamado “escrutinio estricto”, que se aplica precisamente para analizar la constitucionalidad de las normas y reglamentaciones que impactan diferencialmente sobre alguno de los grupos especialmente protegidos por la Constitución, y que nuestra Corte Suprema ya ha aplicado en relación con las mujeres y los extranjeros.

Es tiempo ya de que la Constitución y su promesa igualitaria sean tomadas en serio y comiencen a desactivarse los mecanismos que -a veces inadvertidamente- construyen y reproducen la discriminación contra los que menos tienen. En esto consiste “afianzar la justicia”.

Maurino es abogado y codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia; Szkolnik es sociólogo e integrante del proyecto Desigualdad Socioeconómica de esa entidad.

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