08.04.11 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Villas e Integración Urbana (medios)

Cuando el silencio no es salud (La Nación)

 Varios de los pedidos formulados por organizaciones de la sociedad civil, académicos y periodistas para acceder a información del sector público han sido rechazados con el argumento de que se trata de cuestiones sensibles, que pueden vulnerar la protección de los datos personales.

El mecanismo para impedir el acceso a la información consiste en recurrir a la Dirección Nacional de Datos Personales -organismo encabezado por Juan Antonio Travieso-, desde donde se aconseja no hacer lugar al requerimiento por estar en juego datos supuestamente reservados. Así, se ha dispuesto que no debía entregarse información sobre detalles de viajes oficiales al exterior de funcionarios gubernamentales; subsidios a entidades sin fines de lucro; incumplimientos de las obligaciones de entregar declaraciones juradas por parte de agentes públicos; detalles de las campañas públicas realizadas por parte del Estado nacional, sobre los contratos celebrados con las productoras La Corte y Pensado para Televisión; la existencia de convocatorias para cubrir vacantes en el Ministerio de Justicia, y datos de planes sociales entregados por el Estado nacional, entre muchos otros asuntos que han quedado sin responder.

Muchos ciudadanos no cuentan con los recursos para recurrir a un pleito judicial ante los incumplimientos registrados en esta materia y, así, el Estado se exceptúa de cumplir con el decreto 1172/03, que lo obliga a proveer de este tipo de información cuando se lo solicite cualquier persona física o jurídica, sin necesidad de exponer los motivos.

Afortunadamente, la Justicia va tomando cartas en el asunto y sentando precedentes relevantes que no deberían ser desconocidos por la administración pública. En un caso iniciado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) para tener acceso a la nómina de los beneficiarios de planes sociales, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal sostuvo que no se trata de datos que involucren la seguridad ni que sean susceptibles de afectar la intimidad y el honor de las personas o que pudieren importar una forma de intrusión arbitraria.

Este caso se encuentra actualmente bajo estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En otro caso, iniciado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) para acceder a información sobre distintos subsidios otorgados a entidades sin fines de lucro, el juez de primera instancia Ernesto Marinelli hizo lugar a la demanda y ordenó que el Estado disponga la entrega de la documentación solicitada.

A la falta de voluntad política para garantizar el acceso a la información se suma también la falta de actualización de los registros de audiencias que conceden los funcionarios públicos nacionales, pese a la obligación prevista en el mismo decreto mencionado. De hecho, algunas de las páginas que deberían visualizar esta información contienen datos de funcionarios que ya no prestan más servicios para el Estado nacional y sus nombres no han sido actualizados.

En su oportunidad, manifestamos nuestra preocupación por el nombramiento en la Subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de una persona sin calificaciones profesionales para ejercer un cargo de esta relevancia. Un año y medio más tarde los temores se ven confirmados. De su titular, Andrés Larroque, apenas se conoce la intensa labor de militancia que realiza en la agrupación La Cámpora. En todo este tiempo, prácticamente no existió ninguna información pública sobre sus actividades. Otra triste paradoja más de nuestra bajísima calidad institucional, demostrativa de que, en ciertos casos, el silencio no es salud.

La Nación

Deje un comentario