11.03.12 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios)

Cuando el dolor del pueblo se organiza para reclamar justicia (Miradas al Sur)

Familiares de las víctimas de la tragedia ferroviaria del barrio porteño de Once realizaron una manifestación en reclamo de justicia, el pasado viernes en Ciudadela. A la falta de controles se agrega, según el informe de ACIJ ‘Trenes sin Control’, “la indiferencia del Congreso (órgano encargado del control externo de la Administración) frente a los informes de auditoría”.

Por la verdad, contra la impunidad. En el acto del viernes realizado en Ciudadela, los familiares de las víctimas aunaron fuerzas para que la lucha por el castigo de los responsables se continúe más allá de la actual exposición mediática que tiene el caso.

Justicia! ¡Justicia para mi mamá y para las 50 víctimas!”, gritó alguien desde el escenario sobre el cual, el viernes pasado, un grupo de familiares de las víctimas de la tragedia ferroviaria del barrio porteño de Once recordó que los 18 días que pasaron desde aquel fatídico día no lograron aplacar ni un céntimo el dolor por quienes ya no están, ni el espanto de los que quedaron.
“La mayor necesidad mía es que se haga justicia”, dice también Juan Frumento, el papá de Leonel, a Miradas al Sur. Aunque es uno de los pocos que reconoce alguna utilidad de la ayuda psicológica estatal. No para él que, como muchos familiares, prefiere buscar contención y consuelo en amigos y parientes, sino para su esposa que “está delicada, ni puedo hablar de esto en casa porque se pone muy mal. Emocional y psicológicamente quedó arruinada”.
Juan se niega a hablar de accidente. Mantenimiento, controles, capacitación e infraestructura en emergencias: “Tiene que haber muchos errores grosos” para que ocurra una cosa como ésta, dice, angustiado pero no abatido. “La verdad es que mi hijo iba a laburar, lo llevé hasta la estación y me lo entregaron en una bolsa sin identificación”, resume y la frase lleva la fuerza del golpe que ha recibido el hombre, que no ha podido volver a su trabajo desde aquella mañana.
María Esther es la madre de Federico Bustamante. Habla bajito, muy bajito, y a su modo (“que metan presos a todos los de TBA”) también hace saber su necesidad de justicia. Y de un abrazo fuerte. “La única contención que tuvimos fue de parte de nuestra familia y vecinos. A mí me hubiera gustado que me llame alguien y me diga que lo sienten, pero no llamó nadie. Recién ayer, llamaron para darme una entrevista con una psicóloga, pero ¿cuánto tiempo pasó ya? Yo vivo en Merlo. Hicimos una marcha y, la semana pasada, una misa para él, pero no se presentó nadie, ni el intendente, ni funcionarios, ni un secretario.”
Así como Frumento hizo especial hincapié en la “tortura” que significó buscar a su hijo, que llevaba documentos, desde las ocho del 22 de febrero hasta las cero del 23, cuando lo encontró fallecido, y después esperar hasta las cinco de la tarde del otro día para que le entregaran el cuerpo; María Esther también cuenta que llegó alrededor de las nueve de la mañana, anduvo “de hospital en hospital, porque en la lista él no estaba”, para recién a las 11 y media de la noche saber que Federico había muerto. “Al último lugar que fuimos, porque no queríamos ir, fue a la morgue de Chacarita. Uno nunca pierde la esperanza. Yo no fui, fue mi hijo mayor. Lo tuvieron de aquí para allá sin atenderlo y lo recibieron recién a las tres de la mañana.”
Federico esquivó todo lo que pudo las horribles condiciones de su único medio de transporte. Con una amiga y un amigo, cada mañana tomaban el tren en Merlo, pero en dirección contraria a su destino, para viajar sentados desde Moreno hacia la Capital Federal. Sus amigos están curando sus huesos quebrados, una en el Hospital Pirovano y el otro en el Hospital Haedo. “Pero él no, ojalá estuviera quebrado mi hijito”, llora una madre que, para más espanto, quiso recuperar las pertenencias de Federico, “como último recuerdo”, y no sólo no encontró las zapatillas que acababa de comprarse, “de esas que tienen resortes”, ni los 400 pesos que llevaba para pagar justamente una de las cuotas de su calzado, ni la memoria del teléfono celular, sino que fue maltratada por efectivos policiales, que la amenazaron con hacerle un acta cuando les dijo que sentía una falta de respeto total. “Tienen que ir presos todos, TBA, la Policía y el Gobierno”, dijo en realidad. Y ante la amenaza agregó “métanme presa, si quieren, total mi hijo ya está muerto”.
A Vanesa Toledo en ese tren se le fue su mamá, la mamá de su hermano Diego y la abuela que tanto ayudaba a esta joven madre soltera. Pero Vanesa parece una luchadora nata. Una militante. Es ella la que subió al escenario sólo para agradecer a la multitud que acompañó en el acto de la estación Ciudadela, y para recordarnos a todos que “esta lucha que ahora parece nuestra es para todo el pueblo, porque todos trabajamos y todos nos merecemos una vida digna”. La mujer, con todas las letras, tiene una lucidez envidiable. Sabe que es necesaria la unión de todos los damnificados y también sabe que va a ir disminuyendo el interés mediático. “La semana que viene a mí ya no me va a llamar nadie, la otra menos y la otra menos.” Pero, como precisó su hermano Diego, “tenemos que mantener esto de manera constante, en un mismo nivel, para que no se olvide. Porque si se olvida, los de arriba lo van a olvidar también”.
De todos modos, los hermanos no ruegan por limosna. Como quien se impone un reto en voz alta, Vanesa recita: “Va a estar en nosotros poder seguir convocándolos a ustedes, es claro que esto va a llevar mucho tiempo, porque estamos peleando contra un monstruo”.
Romina es otra dura que se carga sobre los hombros las tareas organizativas. Es la hermana de Johnatan Pitu Báez. “Para seguir hay que seguir más fríos que nunca, porque si uno se pone en sentimental no puede salir adelante.” Ambas avisan que continuarán juntando a la gente y convocando a las marchas. “Vamos a seguir pidiendo justicia, siempre de buenas maneras, sin putear ni discutir, porque eso no nos va a llevar a nada. No queremos que renuncie más nadie –reclama–, que no les acepten las renuncias, porque así, cualquiera.”
Un familiar de Micaela Cabrera Machicao lo dijo clarito: “Vamos a continuar (reclamando justicia), como todos los familiares lo dicen, porque todos los responsables tienen nombre, tienen apellido y tienen un rostro. Y a esas personas las queremos ver en la silla de los acusados para que la Justicia les dicte una sentencia pa’ que sepan respetar y no sepan solamente lucrar. Porque hacen dinero a costa de nosotros los usuarios, y lo que tienen que hacer es dar seguridad a aquellos que le dan de comer. Lo único que le pedimos a la Justicia –dijo el hombre, con su tonada boliviana y una angustia infinita– es que sea imparcial y sea transparente, que no haiga más impunidad en este país y no haigan más complices de la impunidad”.
Micaela es una de los tres bolivianos fallecidos en el suceso de Once, tenía 29 años y dejó huérfanos a dos nenes de seis y tres años.
Desde el año 2000, tramita en la Justicia argentina una demanda colectiva contra TBA, la Cnrt (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) y la Secretaría de Transporte, presentada por la Unión de Usuarios y Consumidores con el patrocinio de la Clínica Jurídica de la Universidad de Palermo, a la que más tarde se sumó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), para que cesara el trato discriminatorio que sufren los pasajeros del ramal Sarmiento en relación al ramal Mitre que une la estación de Retiro con la de Tigre, ambos gerenciados por la empresa de los Cirigliano. Eran años difíciles, hubo infinidad de pericias e inspecciones, hasta que en 2005, el juez Ernesto Marinelli sentenció la existencia de una práctica discriminatoria inconstitucional, declaró la nulidad de los acuerdos contractuales que establecían condiciones desiguales entre los dos servicios, impuso la realización de mejoras inmediatas en la higiene y salubridad de los trenes y ordenó que el estado y la empresa, con la participación de las asociaciones de usuarios interesadas, revisaran las condiciones del servicio a fin de asegurar una prestación digna. Creó un ente similar a la Acumar –el organismo del que participan la Ciudad, la Provincia y la Nación para sanear el Riachuelo– de los trenes. La medida fue apelada y en diciembre de 2009, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a la apelación, rechazando la demanda en su totalidad. El argumento, contra todas las pericias técnicas, fue que las condiciones en la línea Sarmiento habían cambiado notoriamente de manera positiva en los últimos años. Hoy, la causa descansa en alguna parte del despacho del juez Carlos Fayt, en la Corte Suprema de Justicia.
La Auditoría General de la Nación (AGN) presentó en ese lapso al menos tres informes negativos (el 203/2008, el 201/2003 y el 092/2002), y hay un cuarto, más reciente, que está pendiente de aprobación. En todos los casos, los hallazgos sobre los reiterados incumplimientos contractuales por parte del concesionario son alarmantes. Igual que la pasividad de los órganos de control –¿Cnrt y Secretaría de Transporte?– ante las infracciones de la empresa. La AGN constató irregularidades graves en el mantenimiento (tanto edilicio, como de vías y material rodante), la seguridad operativa y la seguridad pública. Para la AGN, los controles que efectúa la Cnrt sobre el mantenimiento del material rodante “no se condicen con las metas físicas que se han propuesto alcanzar” con su creación. El organismo auditor comprobó que la Cnrt no ha sancionado al concesionario por las irregularidades detectadas. A la falta de controles se agrega, tal como lo dice un informe de Acij, “la indiferencia del Congreso (órgano encargado del control externo de la Administración) frente a los informes de auditoría”.
Queda claro, entonces, cuáles eran las intenciones de los sospechosos emisarios de TBA. “El mismo día de la tragedia, la empresa envió gente con un manojo de cables para cambiar los que estuvieran mal, meterle aire a los compresores, etc., como para que al hacer las pericias se hable de un error humano”, denuncia el delegado José Sebriano.
Y queda claro, también, por qué los familiares de las víctimas sólo quieren que se haga justicia, y no quede todo debajo del cúmulo de medidas de ficción como las que sellan cabinas en los vagones.

Por  Diego Long

Miradas al Sur

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