06.07.07 // Novedades, NOVEDADES

Críticas del sector privado a la embestida sobre Metrogas (La Nación)

Sorprendidos más por las formas que por los hechos, la particular intervención a la que fue sometida Metrogas despertó duras críticas en el sector privado, que ve en las acciones del Gobierno un intento por deslindar responsabilidades por la crisis energética

Un ejecutivo del sector lo puso en los siguientes términos: “La medida no sorprende para nada. Para nada. Es parte del estilo de este Gobierno cuando las cosas no le salen y tiene que salir a apretar a alguien para sacarse las culpas de encima. Mas allá de que seguramente hay muchas cosas que se están haciendo o que se podrían hacer mejor, la responsabilidad esta crisis no es culpa de los privados, es culpa del Gobierno”.

Enfático, apuntó además que la embestida del Gobierno, en un día plagado de comunicados y declaraciones que hicieron eje en la palabra intervención, no resuelve el problema de fondo: “Si intervienen una central no le van a sacar más megas y en el caso del gas pasa lo mismo. Si no distribuyen más es porque no hay, y porque están obedeciendo las órdenes de un comité de crisis o de emergencia, como lo llaman ellos”.

“El juego es muy claro: poner buenos o malos. Y no se trata de eso, sino de trabajar para ver cómo se sale de la crisis con lo que hay”, concluyó.

Esta idea estuvo presente en casi todos los testimonios: se buscó un golpe de efecto. Uno de los fundamentos, además de que la medida no generará una mejora en la oferta energética, fue que Metrogas no hizo otra cosa que acatar decisiones. El otro que se trata de una distribuidora que opera en un mercado regulado y, por ende, no determina la oferta de gas: simplemente lo reparte.

“Metrogas cumplió estrictamente lo que se dijo en el cómite de crisis, exactamente igual en las otras empresas”, apuntó otra fuente del sector, que vaticinó: “La crisis va a seguir y va a ser cada vez peor. Sobre la oferta no se puede hacer mucho, hay que operar sobre la demanda”.

Cuestionó, en este contexto, la metodología aplicada: “No cae bien que te vengan a patotear o a aplicar una ley de abastecimiento que además está suspendida. Las autoridades de aplicación son el Enargas o la Secretaría de Energía, pero no que un funcionario, porque tenga la venia del presidente, venga a la empresa y le cueste la cabeza a un ejecutivo”, dijo otra fuente del sector.

Al respecto, El director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Exequiel Nino, apuntó: “Se habla de una intervención informal. Es decir, en lugar de utilizar los mecanismos habilitados para controlar a las empresas, va Moreno y amenaza con aplicar la ley de abastecimiento. Las empresas tiene forma de ser controladas que es a través de los entes de control, pero este Gobierno los desactivó”.

En la más absoluta reserva, un empresario con contacto con el Gobierno defendió a la distribuidora y calificó la medida de “dictatorial” y “temeraria”. Encontró, de cualquier forma, espacio para el optimismo: “Quedan cuatro meses más y se van todos”.

Inversiones y seguridad jurídica. Los economistas Manuel Solanet, de Infupa, y Aldo Abram, de la consultora Exante, criticaron la medida al considerar que no sólo afecta la seguridad jurídica, sino que desincentivará la concreción de nuevas inversiones, que, es, precisamente, el principal causante de la crisis energética.

“Hoy se vio como la percepción de los inversores fue claramente negativa con la caída de las acciones. Además tiene un daño de orden general porque deteriora aún más el clima de inversión. La rentabilidad siempre se calcula a futuro y cuando ese futuro está amenazado por inseguridad jurídica y por posibles violaciones del derecho de propiedad no hay rentabilidad suficiente para que tanto los nacionales o los extranjeros inviertan para hacer crecer la producción”, dijo Solanet.

“Están en la etapa de echarle culpas a las empresas por el desabastecimiento de energía que tiene su claro origen en las políticas instrumentadas luego de 2002”, concluyó.

Abram calificó la medida de “escandalosa” por el “avasallamiento a la seguridad jurídica y a la Constitución”.

“La semana pasada la responsabilidad era de las transportadoras, ahora resulta que es de las distribuidoras. Ambas quieren vender gas, ¿de qué les sirve tener aires en las tuberías? Si no lo hacen es porque no hay gas del lado de los productores de la misma forma que no va a haber electricidad para poner en los cables”, apuntó.

La Nación

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