09.07.13 // Destacadas (medios), Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (medios)

Críticas al Gobierno por acotar los datos patrimoniales que deben publicar los funcionarios

Ya no estarán obligados a dar información del patrimonio de sus cónyuges, detallar sus antecedentes laborales, ni incluir datos sobre deudas, créditos o títulos

Noelia Barral Grigera

El Poder Ejecutivo reglamentó ayer la Ley sobre Declaraciones Juradas de Funcionarios Públicos y dejó establecido que esos documentos deberán contener los mismos datos que son requeridos por la AFIP para fines impositivos. Por ello esta nueva norma, incluida en el paquete de proyectos de reforma judicial impulsado por el oficialismo, generó numerosas críticas entre opositores y estudiosos del tema, que aseguran que los funcionarios ya no estarán obligados a incorporar información del patrimonio de sus cónyuges, ni detallar sus antecedentes laborales, ni incluir datos sobre deudas, créditos, títulos, acciones o fondos comunes de inversión, ni participación en sociedades.

“Es un grave retroceso en la transparencia de los actos de gobierno y nos hace bajar varios peldaños en la lucha contra la corrupción. Ahora los funcionarios van a tener más posibilidades de ocultar su patrimonio y sus negocios personales”, lamentó el diputado radical Manuel Garrido, ex fiscal anticorrupción. Para el legislador, “es vergonzoso que ni siquiera contemplen en el anexo reservado incluir bienes muebles registrables como autos, barcos o aviones” porque “de esta manera será imposible demostrar el enriquecimiento ilícito de cualquier funcionario”, evaluó.

A las críticas se sumó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que en un comunicado sopesó que la reglamentación de la ley “restringió considerablemente el nivel de información disponible que permite controlar el patrimonio de los funcionarios obligados”. Para este organismo, además, habrá problemas adicionales porque el reglamento sobre publicidad de declaraciones juradas del Ministerio Público Fiscal difiere de la nueva norma al “reconocer en forma clara la subsistencia de la obligación de cumplir con los mandatos de la Ley de Ética Pública”. Eso significará “una divergencia de criterios entre los distintos órganos que deben reglamentar la norma”.

En este escenario, para ACIJ “resulta evidente que a partir de la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo Nacional, la ciudadanía contará con mucha menos herramientas para ejercer un control adecuado sobre la evolución del patrimonio de los funcionarios públicos alcanzados por la ley, y sus familiares directos, las incompatibilidades o conflictos de intereses en que pudiera incurrir”.

El decreto reglamentario, publicado ayer en el Boletín Oficial, lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; el ministro de Economía, Hernán Lorenzino; y el de Justicia, Julio Alak. Allí el Ejecutivo ratifica que las declaraciones juradas serán obligatorias para los funcionarios públicos y los candidatos a cargos electivos y agrega que esos documentos serán remitidos a la Oficina Anticorrupción para ser publicados en Internet para facilitar “un mejor y eficiente control social del desempeño de los funcionarios públicos”.

A la vez, el decreto suprime la Comisión Nacional de Ética Pública, que debió conformarse hace catorce años pero nunca logró ser constituida.

El Cronista

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