22.01.16 // Novedades, NOVEDADES

Criminalizar la protesta social es inadmisible: la democracia exige escuchar todas las voces

ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) manifiesta su preocupación por la reciente detención de Milagro Sala, ordenada por el Juzgado de Control n°3 de la provincia de Jujuy, por “instigar públicamente a personas indeterminadas a ocupar espacios públicos” y suscitar “una alteración del orden público (…) conllevando con sus conductas la alarma colectiva de la población”. La detención por estos motivos constituye una violación al derecho constitucional a la protesta, a la libre expresión de ideas y a peticionar ante las autoridades (arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional), derechos fundamentales en un sistema democrático.

La democracia exige de la discusión pública y, para eso, requiere que los ciudadanos puedan expresarse libremente, hacer llegar sus puntos de vista a sus conciudadanos y, a su vez, oír las expresiones de sus pares. Por esa razón, la libertad de expresión es un requisito fundamental para el funcionamiento de la democracia. A menudo, la protesta social se presenta como una de las pocas alternativas para que ciertos grupos –que suelen ser disidentes y/o minoritarios– con dificultades para acceder a medios masivos de comunicación puedan expresar sus ideas y ser escuchados por la sociedad. Las expresiones críticas de estos grupos quedarían acalladas si se imposibilitara su manifestación a través de uno de los pocos medios efectivos disponibles para que la ciudadanía las oiga, motivo por el cual estas expresiones deben ser protegidas. En una democracia nadie tiene el derecho ni puede arrogarse la facultad de silenciar la voz de otro ciudadano y mucho menos el Estado, que tiene la obligación de asegurar de manera efectiva el derecho a la libre expresión de ideas.

Instamos a las autoridades públicas a retirar toda imputación que sea consecuencia del ejercicio del derecho a la protesta, a abstenerse de cualquier acto de coerción contra quienes se encuentren ejerciendo este derecho constitucional y a priorizar el diálogo como mecanismo para la resolución de los conflictos en una democracia.