31.08.07 // Novedades, NOVEDADES

CORRUPCIÓN-ARGENTINA: El opaco control del Estado (IPS Inter Press Service)

BUENOS AIRES, nov (IPS) – “En algunos casos, las instituciones tienen atribuciones pero les faltan recursos, en otros es al revés”, dijo a IPS la coordinadora del Área de Acción con Políticos de la organización Poder Ciudadano, Laura Alonso. “Nos preocupa la falta voluntad política para un control efectivo de los actos de gobierno”, añadió la experta.

Para el jurista Alejandro Carrió, presidente de la Asociación por los Derechos Civiles, “el gobierno está muy en falta en (materia de) control de gestión” y las organizaciones que se dedican a estos asuntos están ocupando hoy el lugar protagónico que en los años 80 tenían las asociaciones de derechos humanos, dijo a IPS.

Algunos expertos consultados creen que el problema de la opacidad del Estado no es nuevo, sólo que ahora se hace más evidente la falta de voluntad de las autoridades por revertirlo.

“El mal control no es monopolio del actual gobierno. Se viene arrastrando desde la creación misma de muchas de las instituciones diseñadas para” fiscalizar, comentó Juan Antoniassi, coordinador del proyecto “Mejor control, mejor gobierno” de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

En los años 90, se crearon en Argentina diversas oficinas para fiscalizar a la administración pública. Sin embargo, a juzgar por los escándalos de corrupción que afloraron en aquella década, el resultado de esa tarea fue magro en el mejor de los casos.

De acuerdo con esas reformas, el control interno del gobierno está en manos de la Sindicatura General de la Nación, que depende del Poder Ejecutivo. Como garantía de independencia, un representante de la oposición encabeza ese organismo. No obstante, el nuevo titular, Claudio Moroni, es una figura cuestionada por su cercanía con el gobierno.

El nombre de Moroni fue sugerido por el actual jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Una denuncia de casos de corrupción ocurridos cuando ambos ocupaban cargos en la Superintendencia de Seguros de la Nación provocó un escandaloso caso de censura a un prestigioso columnista del diario Página 12.

Junto a Moroni trabaja como síndica la abogada Alexandra Minnicelli, esposa del actual ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Este vínculo, que puede dar lugar a evidentes conflictos de intereses, fue denunciado por Poder Ciudadano en 2003, pero la funcionaria sigue en el cargo.

El control externo de la administración pública recae en la Auditoría General de la Nación (AGN), que trabaja bajo supervisión del Congreso legislativo y es encargada de realizar los informes técnicos requeridos por el parlamento a fin de velar por el buen funcionamiento de las instituciones.

Además, existe la Fiscalía Nacional de Investigaciones, no más eficaz que las otras reparticiones. Depende del Ministerio Público Fiscal, e indaga la conducta administrativa de cualquier entidad del Estado. Su titular accede al cargo por concurso. Pero su funcionamiento se ve ahogado por problemas presupuestarios.

“Cuenta con poco más de 30 personas para investigar toda la administración pública y tiene un presupuesto muy escaso”, advirtió Alonso. “Esa es una tremenda vulnerabilidad para un organismo de control”, alertó la experta y señaló que “el actual gobierno nada hizo por fortalecer el área”.

En 1999 fue creada la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Los deberes de la oficina son elaborar y coordinar programas contra prácticas corruptas, recibir y publicar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios del Estado y velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Pero la entidad carece de autarquía económica, y sus titulares son designados por el presidente de la República.

Más allá de este abanico problemático de entidades, la preocupación de los activistas es acaparada por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso.

Conformada por seis senadores y seis diputados, la comisión tiene la responsabilidad de velar por el patrimonio, los aspectos económicos y financieros del sector público.

Para cumplir con su misión, los legisladores se apoyan en la AGN, que les brinda información sobre el funcionamiento de la Aduana, los bancos públicos, los entes que regulan la actividad de las empresas de servicios públicos y demás oficinas estatales.

La labor de esta comisión es muy poco transparente, y nadie la controla.

En el informe “En busca del control perdido”, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia alerta sobre las “serias deficiencias” de esta comisión, que tiene una conformación partidaria controvertida, sesiona bajo total hermetismo y se resiste a dar a publicidad todos sus actos.

La comisión está integrada por 12 legisladores, ocho pertenecen al partido gobernante (Justicialista) y cuatro a la primera minoría (la opositora Unión Cívica Radical), explicó Antoniassi. “Es decir que el principio de que la minoría controla a la mayoría gubernamental, acá no se da”, remarcó.

Este año se produjo una vacante, y los partidos minoritarios pujaron inútilmente por el lugar ante la negativa del presidente de la comisión. De esta manera, con siete legisladores del oficialismo, la comisión tiene quórum y puede sesionar.

Este organismo aprueba los informes de la Auditoría sobre el funcionamiento de la administración pública y difunde sus dictámenes al Congreso, con la sola mención de los números de cada resolución, sin resúmenes ni ninguna otra referencia a su contenido.

“Si la comisión está integrada por legisladores del mismo color político del gobierno, no es un control serio, responsable ni plural”, sostuvo Antoniassi.

Para su tarea cuenta con un presupuesto anual de 1,5 millones de pesos (unos 500.000 dólares) que utiliza a discreción. Solo dos comisiones legislativas cuentan con partidas presupuestarias, la mencionada y otra dedicada a la revisión secreta de las actividades de inteligencia del Estado.

“Ellos dicen que destinan el dinero a pagar asesores, pero parece más bien una caja negra para financiar la actividad política”, afirmó el experto. Para Alonso, de Poder Ciudadano, se trata de “un agujero negro”.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia pidió a la comisión una docena de informes sobre sus deliberaciones. Sólo obtuvo respuesta cuando interpuso un recurso de amparo judicial. Desde entonces, los legisladores colocan parte de la información en Internet, pero se trata de datos en lenguaje técnico y de difícil seguimiento para un ciudadano común.

Antoniassi apuntó además que la comisión debería encargarse también de aprobar o rechazar la ejecución del presupuesto nacional anual, una labor pendiente desde 1994. Ante el retraso, los legisladores miembros proponen la votación de una ley que los habilite a archivar los expedientes con más de cinco años sin tratamiento. (FIN/2005)

Por Marcela Valente

IPS Inter Press Service

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