10.10.05 // Novedades, NOVEDADES

Continúan sin freno las prescripciones (La Nación)

A casi nueve meses de la reforma del Código Penal que cambió los parámetros de prescripción de los delitos, el Gobierno y el Congreso abandonaron los planes para enmendar la cuestionada ley, que ya produjo el cierre de por lo menos una decena de causas resonantes.

La iniciativa para modificar la norma, en vigencia desde el 11 de enero pasado, está congelada en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados desde el 27 de abril. Nunca se discutió.

El Gobierno la había enviado unos días antes al Congreso, ante la polémica que se desató luego de que LA NACION informó que jueces y fiscales federales pronosticaban que la ley provocaría el archivo de numerosos casos de corrupción. Acallado el escándalo (quizá porque la reforma no tuvo aún el impacto augurado), en el Congreso y en el Gobierno admiten que la nueva iniciativa, que apunta a dificultar la prescripción de causas futuras, “salió de la agenda” y que, seguramente, no será tratada este año.

“No es un tema prioritario”, señaló a LA NACION el vicepresidente de la Comisión de Legislación Penal, Guillermo Johnson (PJ-Córdoba). Voceros del ministro de Justicia, Alberto Iribarne, se limitaron a decir que el Poder Ejecutivo había cumplido su parte: mandar el proyecto al Congreso.

Pero eso no fue lo único que quedó en la nada. El Gobierno también dejó a un lado la investigación que llevaría adelante contra los jueces que hubieran demorado expedientes, anunciada en febrero por el entonces ministro de Justicia, Horacio Rosatti. Voceros de Iribarne dijeron que el tema se iba a analizar, pero admitieron que hasta ahora no ha sido estudiado.

En el Consejo de la Magistratura tampoco se avanzó en un proyecto para elaborar un registro de causas prescriptas, que serviría para establecer responsabilidades y, si correspondiera, iniciar los respectivos juicios políticos.

Que el Congreso abandonó este proyecto es, en estos días de campaña, una de las escasas coincidencias entre diputados oficialistas y opositores. “No habría problema en tratarlo, pero no queremos dar la sensación de que nos equivocamos. Aun cuando es perfectible, la reforma fue buena”, explicó Johnson, que señaló que la prescripción de las causas de corrupción no fue un efecto buscado. “Legislamos en general, sin atender a casos particulares. Además, no sabíamos que había tantos expedientes en estado de sumario retrasados en la Capital”, señaló.

La socialista María Elena Barbagelata admitió que el impulso de la iniciativa perdió fuerza. “A lo mejor no hay nada específico que lo haya dejado de lado, pero hace meses que venimos con problemas. En temas que no son de los que desvelan es muy difícil tener quórum”, dijo.

Coincidió con ella el presidente de la Comisión de Legislación Penal, Hernán Damiani (UCR-Misiones). “No hemos logrado en el último tiempo reunir la comisión”, respondió al ser interrogado sobre por qué no se había tratado el proyecto.

Críticas de Blumberg

Consultado por LA NACION, el empresario Juan Carlos Blumberg -que, tras amenazar al Gobierno con hacer una marcha si no se modificaba nuevamente el Código, participó de la elaboración del proyecto oficial-, fustigó a los diputados. “Esa ley es un disparate y no puede ser que no hayan hecho nada”, protestó. Consideró, además, que “por el error que cometieron [los legisladores] caen un montón de causas terribles”.

Con la reforma sancionada en diciembre por el Congreso, los motivos de interrupción de la prescripción (esto es, los actos que hacen que el plazo de prescripción se detenga y comience a correr de cero) habían quedado limitados al primer llamado a indagatoria, la comisión de un nuevo delito, el requerimiento de elevación a juicio, la citación a juicio y la condena. Así, se dejaron afuera otras causales que también eran consideradas interruptivas por la jurisprudencia reinante y se favoreció el archivo de causas.

El proyecto que envió la Casa Rosada incluye tres nuevas causales de interrupción de la prescripción: la declaración de rebeldía, la orden de captura y el pedido de extradición. Y para los delitos de acción privada, como las calumnias e injurias, la primera convocatoria a la audiencia de conciliación y la fijación de fecha para el debate oral.

De todas formas, aun si se sancionara, la nueva norma sólo dificultaría el cierre de causas por delitos que se cometieran en adelante. Las investigaciones en curso seguirán rigiéndose por la polémica ley de diciembre.

El balance que hacen jueces y fiscales sobre el efecto que tuvo la reforma es dispar, aunque todos coinciden en que fue menor al previsto. Hay quienes advierten, sin embargo, que esto se debe a que algunos jueces evitaron hasta el momento declarar prescripciones de causas delicadas para no pagar el costo político de ser los responsables del archivo de esas investigaciones.

De todos modos, causas importantes se cerraron o corren peligro de cerrarse por efecto de la nueva ley (de lo que se informa por separado). Y todavía más son las investigaciones que prescribieron sobre delitos menores -vinculados a drogas, por ejemplo- en las que los imputados estaban rebeldes.

No hay cifras oficiales ni estimaciones confiables que permitan saber cuántas causas han caído como consecuencia de la reforma. A modo de ejemplo, LA NACION accedió a las estadísticas de un juzgado federal en lo penal de la Capital en el que, en lo que va del año, prescribieron 50 causas, mientras que el año pasado se habían cerrado por este motivo 31 expedientes. “Las prescripciones se duplicaron con la nueva ley”, estimó el juez a cargo.

El debate en la Justicia sigue abierto. “La ley es buena, pero la extradición y la rebeldía deberían ser incluidos como causal de interrupción”, evaluó el juez federal Jorge Ballestero. Eso mismo propone el proyecto enviado al Congreso por el Presidente. En tanto, el fiscal Gerardo Pollicita consideró: “A pasado, lo único que hizo la ley fue beneficiar a los imputados; a futuro, quizá represente un avance, pero también hace falta una reforma procesal que desformalice la instrucción”.

El Poder Ejecutivo defendió desde un primer momento la reforma. En febrero, el entonces ministro de Justicia, Horacio Rosatti, dijo que la nueva ley era positiva porque aclaraba una norma que era ambigua. Anunció, sin embargo, que a través de la Oficina Anticorrupción (OA), se investigaría a los jueces que hubieran dejado prescribir causas.

A fines de febrero, la OA presentó al Gobierno un listado de unas 40 expedientes “con demora”, pero todavía no se investigó si esas dilaciones obedecen a un desempeño irregular de los jueces o no.

En este sentido, el Consejo de la Magistratura tiene en estudio desde hace más de medio año una iniciativa para investigar a los jueces federales que dejen prescribir causas. Fue presentado por la diputada Marcela Rodríguez (ARI-Buenos Aires) y propone la creación de un registro de las causas prescriptas.

La iniciativa tuvo el apoyo de Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ASIJ) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), pero desde que ingresó, está en la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura, que decidió que se formara una comisión con representantes del Consejo y del Ministerio Público para evaluar si era conveniente crear este registro. La comisión bipartita se instituyó en marzo, pero nunca se ha reunido.

Por Paz Rodríguez Niell
y Gabriel Sued

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