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Conflicto en puerta por AySA

A pocos días de haber sido convertido en ley, el marco regulatorio de la estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) ha sido motivo de críticas. Y varias de ellas se refieren al Ente Regulador de Agua y Saneamientos (ERAS). Sucede que el ERAS será la continuación del desaparecido Etoss (Ente Tripartito de Obras y Servicios), que tenía a su cargo el control de la empresa Aguas Argentinas.

Pero más allá del cambio de nombre, el nuevo organismo tendrá menos funciones que el anterior, no tendrá participación de los usuarios y será bastante más dependiente del Ministerio de Planificación Federal.

Según el informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el organismo tiene algunas fallas estructurales que afectarán su independencia respecto de la empresa. “El ERAS se crea en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, que concentra cada vez más poder -dice el trabajo-. Sin embargo, el marco regulatorio dispone que tendrá autarquía, aunque no especifica en qué consistirá este status.”

De todos modos, quien elige a los directores del ERAS es el Poder Ejecutivo, a recomendación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, es decir, “las mismas personas jurídicas que tienen participación accionaria en la concesionaria”, sostienen los investigadores de la ACIJ. Del estudio surge que la regulación no “previó mecanismos de designación por concurso, que posibilitarían algún grado de transparencia y participación ciudadana en el proceso”.

Además, no se establecen reglas respecto del quórum para sesionar, cantidad de reuniones por mes, exclusividad en el cargo e incompatibilidades especiales de los directores. “Si bien cuenta con una Sindicatura del Usuario, su propia normativa dispone que la participación de las asociaciones tendrá carácter ad honórem. Esto impedirá que las asociaciones de usuarios puedan disponer de recursos humanos para el trabajo que deberían realizar dentro de ese órgano”, refiere el trabajo.

El financiamiento previsto provendrá de un porcentaje a fijarse sobre la facturación de AySA. “Esta es una modalidad que ya ha recibido numerosas críticas y se considera la menos apropiada, atento las funciones que el ente debe cumplir. Este tipo de financiamiento no genera incentivos para que el ERAS promueva y defienda una reducción de las tarifas (ya que de ese monto depende fundamentalmente su presupuesto), lo cual genera a su vez un factor que contribuye a cimentar aún más su falta de independencia”, concluyó la ACIJ.