12.07.06 // Novedades, NOVEDADES

CONDENA JUDICIAL AL SECRETO PARLAMENTARIO

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, a cargo de la jueza subrogante Cecilia De Negre, hizo lugar a una acción de amparo interpuesta por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en defensa del derecho a la información de la ciudadanía y ordenó a la comisión que dé estricto cumplimiento a sus obligaciones reglamentarias de publicar en su sitio web “los días, horas y temario de las reuniones, proyectos ingresados, la descripción de sus pasos administrativos y sus respectivas órdenes del día”.

La Comisión Mixta tiene un rol fundamental en el control del ejecutivo y la información a la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos, pero históricamente ha funcionado bajo formas de de secreto y opacidad que contradicen su elevada misión.

“Las reuniones de las comisiones son públicas y sólo pueden declararse su carácter reservado por decisión de dos tercios de sus miembros”, estableció la jueza, quien también fijó que “las comisiones deben reunirse como mínimo cada quince días”.

El fallo, fechado el 5 de julio pasado, confirma el principio de publicidad de las reuniones de las comisiones parlamentarias y resalta que la omisión de dar a conocer información sobre las reuniones “ostenta la entidad suficiente para generar una violación al derecho a la información”.

“En épocas en que el Congreso parece encaminado a renunciar o atenuar sus competencias republicanas de equilibrio de los poderes, la exigencia de publicidad en su función resulta una salvaguarda fundamental para que la ciudadanía pueda, al menos, enterarse de cómo ejerce la auditoría de las cuentas y la gestión pública”, opinó Gustavo Maurino, co-director de ACIJ.

Otro ejemplo del secreto que mantenía esta Comisión respecto a la ciudadanía se refiere a las actas de las reuniones, donde consta el día, hora, asistentes y expedientes tratados. Luego de infructuosos intentos de obtenerlas, ACIJ logró el acceso a las actas recién en octubre de 2005 y por medio de una acción judicial.

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