21.03.19 // Derecho a la Ciudad (medios), Destacadas (medios)

Cómo revertir el riesgo eléctrico en las villas de la Ciudad

El acceso a la energía eléctrica constituye una herramienta esencial para el desarrollo personal, sin embargo, gran parte de los vecinos de las villas de la Ciudad de Buenos Aires lidian con un servicio deficitario. Cortes de luz, incendios e incluso la electrocución son las consecuencias de un sistema precario, que pende de un hilo. La emergencia eléctrica en la Villa 21-24 es la más notoria porque la Justicia falló a favor de los vecinos, exigiendo al Gobierno de la Ciudad que adoptara medidas urgentes para eliminar el riesgo eléctrico. Por su parte, el Gobierno asegura brindar respuestas a través de planes de urbanización: en la Villa 31 las obras del tendido eléctrico habrían avanzado en un 50% y se espera terminar para fin de este año. El sector privado concentra sus esfuerzos en capacitar en el consumo responsable de energía. Aquí un informe de la situación.

Según el Registro Nacional de Barrios Populares, existen 48 asentamientos en la Ciudad de Buenos Aires, donde viven más de 82 mil familias. En el 77% de las villas porteñas, la mayoría de las personas no tiene conexión formal a la energía eléctrica. Solo en el 10,4% de los asentamientos, gran parte de los habitantes cuentan con medidor domiciliario y en el 12,5% tienen medidor comunitario. El relevamiento lo llevaron a cabo distintas organizaciones de la sociedad civil -TECHO, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC)  y Cáritas- junto al Gobierno Nacional.

El abogado Jonatan Baldiviezo, integrante del Movimiento Popular La Dignidad y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad comenta: “el gran problema de la red eléctrica en las villas es que no hay ningún organismos puntual haciéndose cargo de la problemática. Las concesionarias, Edenor y Edesur, colocan un transformador colectivo y, a lo sumo, el gobierno paga el consumo de esos medidores. Se creó la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), que tiene como objetivo asistir en situaciones de emergencia en algunos barrios. Es decir, solo resuelve si se quema un cable o si se daña el transformador, pero no hace cambios de fondo en la infraestructura.  El sistema tal como está ofrece un servicio de mala calidad, que pone en riesgo la integridad física de los habitantes”.

Baldiviezo explica que las familias fueron construyendo sus propias redes sanitarias y de electricidad por la falta de un servicio adecuado. “En los últimos años el gobierno estuvo interviniendo con algunos arreglos, pero no atacó el problema de fondo. No puede haber una prestación de servicios discriminada por barrios”, destaca.

En relación a las tarifas, Baldiviezo señala que si bien, en general, estos barrios no pagan por los servicios públicos, es un mito que no quieren pagarlos. “Hace mucho tiempo que se viene peleando por la urbanización y los vecinos quieren tener facturas individuales de agua, gas y luz. El tema es que estamos en una situación económica que hace difícil que las familias lleguen a pagar las tarifas actuales. Si se incorpora a estos barrios a la prestación formal de electricidad van a tener que pensar en tarifas especiales. La falta de capacidad económica no se puede traducir en un corte de servicio”, enfatiza.

Una demanda desatendida en la Villa 21-24

La Villa 21-24 se encuentra al sur de la ciudad, en Barracas, y se caracteriza por ser la más grande y populosa, ya que ocupa 65 hectáreas de extensión, en las que residen más de 50 mil habitantes. Allí, la gestión y el mantenimiento vecinal de los postes y cableados en la vía pública, junto con la distribución eléctrica a cada vivienda, se volvió una tradición.

Desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires desarrollaron un relevamiento sanitario y eléctrico que involucró a más de 250 viviendas. “Uno de los datos que más nos llamó la atención fue que el 76% de los hogares relevados declara sufrir cortes de luz frecuentes. Otro dato que me parece bastante importante es que el 15% de las viviendas sufrió, en alguna oportunidad, algún incendio. Además, el 50% de los encuestados refiere que sufre filtraciones y esto es un problema porque en los barrios se encuentran muchos cables sueltos”, señala María Eva Koutsovitis, coordinadora de la cátedra.

Koutsovitis comenta que a partir de estos datos, se va a elaborar un Índice de Riesgo Eléctrico que va a establecer prioridades para las distintas manzanas del barrio para que los organismos competentes intervengan de manera inmediata. La especialista va a recomendar adecuar las instalaciones eléctricas de las viviendas, dotándolas de elementos de seguridad como térmicas y disyuntores; la entrega de luces de emergencias para aquellas manzanas, cuyo índice de riesgo eléctrico sea elevado; y la concesión de matafuegos.

El 26 de noviembre de 2010, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires iniciaron un amparo colectivo pidiendo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) diera solución al estado de grave riesgo eléctrico existente en la villa. En aquel entonces, el juzgado de primera instancia dispuso una medida cautelar por medio de la cual se ordenó al GCBA que adoptara de forma inmediata todas las medidas urgentes que sean necesarias para eliminar el riesgo eléctrico en sus aspectos más perentorios y, asimismo, a diseñar e implementar una campaña de información para alertar a los vecinos sobre los riesgos eléctricos, las precauciones que deberían adoptarse y la forma de reclamar ante emergencias eléctricas.

“Regularmente, el GCBA fue presentando recursos judiciales que le permitieran no realizar las acciones a las que el Poder Judicial lo condenó para garantizar un servicio eléctrico adecuado en la villa. Finalmente, el 18 de diciembre de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad rechazó los recursos planteados por el GCBA, para así darle cierre a la causa en el ámbito local, confirmando lo resuelto oportunamente por la Cámara de Apelaciones. El GCBA deberá elaborar e implementar el plan integral de prestación y mantenimiento del servicio de energía eléctrica para la Villa 21-24, el que debe ser cumplido dentro del plazo de 105 días hábiles administrativos, y de esta forma, hacerse cargo de su responsabilidad en la prestación segura y efectiva de este servicio básico, para así resolver el riesgo eléctrico que amenaza a la comunidad. Si bien el riesgo eléctrico es un problema de todos los barrios populares, en el caso de la Villa 21-24 tomó más notoriedad porque hay una disposición a favor de los vecinos”, cuenta Pablo Vitale, coordinador de Derecho a la Ciudad de la ACIJ.

Natalia Molina es miembro de la Junta Vecinal de la villa 21-24 y está participando de las audiencias por la emergencia eléctrica. Relata: “sufrimos cortes repetitivos, tenemos marañas de cables mal instalados, sin mantenimiento, postes caídos que no dan abasto de tantos cables que cruzan. Otro problema recurrente es que los electrodomésticos se rompen por sobrecargas o descargas, lo que implica un gasto enorme para los vecinos. Para terminar con este sistema precario, la idea es que se arme una mesa de trabajo con la Junta Vecinal, los representantes de gobierno y Edesur”.

Los planes para urbanizar la Villa 20, 31, Rodrigo Bueno y Fraga

Según datos relevados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) en 2016, en Villa 20, el 86,1% de los hogares tiene electricidad sin medidor, el 13,6% con medidor y el 0,4% no tiene conexión; en Rodrigo Bueno, el 99,2% no tiene medidor y el 0,8% no tiene conexión; y en Fraga (Playón Chacarita), el 90,4% no tiene medidor, el 9,3% cuenta con medidor, y el 0,2% no tiene conexión.

Villa 20, Rodrigo Bueno y Fraga son los proyectos más avanzados en la producción de viviendas nuevas para los vecinos, según dice Christian Werle, Director General Desarrollo Habitacional del IVC. “En total, estamos construyendo medio millón de metros cuadrados, lo que equivale a 4500 viviendas. En materia de electricidad, vamos a dejar todas las condiciones que nos exige Edesur. En esta primera instancia, la intención es adecuar la distribución eléctrica y a medida que avancemos en el proyecto apuntamos a la regulación de las parcelas para que puedan conectarse con medidor.Todas las urbanizaciones las trabajamos en conjunto con las prestatarias para que nos aprueben la infraestructura y luego las operen”, aclara Werle.

En paralelo, la Secretaría de Integración Social y Urbana trabaja en la urbanización del Barrio 31. Según lo establecido en el Plan Integral de Infraestructura, para fines de 2019, todos los vecinos tendrán acceso a los servicios básicos y también las mismas responsabilidades de pago, pudiendo adherir a la tarifa social en los casos que corresponda. Además, se conectarán los tendidos con los de la Ciudad. Por lo tanto, para la fecha establecida, el objetivo es completar 12.794 metros lineales de media tensión, 33 cámaras transformadoras y 24.750 metros lineales de baja tensión. Al día de hoy, se avanzó en un 50%.

La iniciativa privada en Los Piletones

“Llegamos al barrio Los Piletones cuando estaba atravesando el proceso de urbanización. Nuestro primer acercamiento fue brindando talleres acerca de soluciones para un consumo responsable de energía”, cuenta Gislene Santos Rodrigues responsable de Sostenibilidad de Enel Argentina. “La idea es acompañar con orientación para consumo a los nuevos clientes de la compañía. Les damos herramientas para leer una factura o ciertos tips para economizar en el uso de electrodomésticos. Ahora, también estamos trabajando en la Villa 21-24 en el mismo proceso. Como empresa podemos complementar el trabajo del agente de desarrollo local o del Estado”, agrega. Recientemente, Enel, la multinacional productora y distribuidora de energía eléctrica y de gas, desarrolló en Los Piletones obras de adecuación eléctrica interna del edificio del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y al Vagón Comedor de la Fundación Margarita Barrientos.

En relación a la injerencia de la empresa en los asentamientos, Santos Rodrigues explica que regularizar el uso de la electricidad de estos barrios depende de un plan de urbanización. “La iniciativa debe surgir del Estado y luego desde la empresa llevamos la solución. De otro modo, no podemos entrar, no tenemos la competencia”, enfatiza.



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