20.07.04 // Novedades, NOVEDADES

Colectivos: sólo un 15% está adaptado para discapacitados (Clarín)

Cualquiera que se ponga a observar se dará cuenta de la veracidad del dato: según la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), sólo un 15% de los colectivos está adaptado para que los puedan usar los discapacitados. Además, la mayoría no respeta las frecuencias obligatorias y no hay información sobre cuáles son sus horarios.

En el área metropolitana circulan 135 líneas, que unen Capital y GBA. De sus 8.827 colectivos, apenas 1.298 (casi el 15%) están adaptados, según la CNRT.

Por otro lado, la ONG Centro de Educación del Consumidor (CEC) relevó 60 líneas. Observó que 640 colectivos no estaban adaptados y 157 sí. Algunas líneas (como la 1, 126, 135 o 143) no tenían unidades preparadas. Otras (la 64, 50 o 36) tuvieron un cumplimiento casi perfecto.

El CEC hizo el relevamiento en el microcentro, el Correo Central, Acoyte y Rivadavia, y Gaona y Honorio Pueyrredón, entre otros puntos. Junto con la falta de coches, detectó que muy pocas líneas respetan la frecuencia máxima obligatoria de un colectivo adaptado por hora (hubo demoras de más de dos horas). Además, sólo tres contaban, en las unidades y principales paradas, con los carteles de horarios en los que pasan los adaptados.

Otra ONG también suma reclamos. La Asociación Civil Igualdad y Justicia le acercó a Clarín un informe en el que afirma que los incumplimientos de las transportistas con el servicio para discapacitados “se ven favorecidos por los escasos controles existentes y la falta de sanciones, conforme a informes de la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación”.

Un colectivo común tiene su primer escalón a 40 centímetros del suelo y el piso a 1,10 metro. En cambio, los adaptados no tienen escalones y todo el piso está a 40 centímetros. Además, poseen un sistema hidráulico que los acerca otros cinco centímetros al cordón. También hay algunas unidades más antiguas que tienen escalones, pero cuentan con una rampa móvil.

En 1997, la Secretaría de Transporte de la Nación decretó que las líneas de colectivos debían incorporar estas unidades toda vez que renovaran su flota. El cronograma establecía que desde 2002, todas las unidades nuevas debían ser para discapacitados. Las líneas debían cambiar los coches cuando cumplían diez años.

Pero en el medio llegó la crisis. Entonces, el Estado les permitió a las empresas usar vehículos de hasta 13 años. Según la CNRT, en 2002 y 2003 hubo nuevas resoluciones de la Secretaría de Transporte que prácticamente suspendían el cronograma de renovación. Por eso, aunque no se puede determinar con precisión cuántos coches adaptados debería haber (ya que depende de cuántos coches a renovar tiene cada línea), son menos de los que tendrían que existir. Además, antes de la crisis ya había incumplimientos: hasta 2002 la CNRT cursó más de 300 sumarios, pero casi ninguno terminó en multas.

En la CNRT comentaron que aún no se decidieron nuevas prórrogas, y admitieron que el problema es de “difícil resolución”. Por otro lado, una fuente de la Cámara Empresaria de Transporte Automotor de Pasajeros (que prefirió no identificarse) afirmó: “Desde 2001 no tenemos aumento de tarifas, pero un coche adaptado que en la convertibilidad costaba 120.000 pesos hoy sale 250.000. El Estado debería permitirnos comprarlos sin impuestos, así como los discapacitados adquieren un auto”.

Para los perjudicados, estas respuestas no alcanzan. “La excusa de la plata no siempre sirve, los colectivos viajan llenos. Además, podría haber métodos más baratos, como llevar una rampa portátil en los coches. Hoy, este transporte no sirve. No hay vehículos y no sabemos a qué hora pasan”, se quejó Mónica Barbieri, discapacitada e integrante de la ONG Cilsa.

Por otra parte, Susana Andrada, titular del CEC, aseguró: “Con la excusa de la crisis, el hilo se corta siempre por lo más fino, los consumidores. Pero los discapacitados también viven la crisis, y si no pueden viajar en colectivo tienen que ir en taxi o remís”. Por último, Graciela Muñiz, defensora adjunta del Pueblo de la Ciudad, consideró que “es insóli to que por un lado el Estado decrete que los discapacitados pueden viajar sin pagar, pero por el otro no garantice que los medios de transporte estén adaptados”.

Por Pablo Novillo

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