26.05.09 // Novedades, NOVEDADES

Campaña nacional por el derecho de acceso a la información ¿¡Vos sabés!? (parlamentario.com)

En la semana del 25 de mayo se desarrolla, por tercer año consecutivo, la campaña nacional por el derecho de acceso a la información pública que organizan CIPPEC y ADEPA, con el apoyo de Fundación Noble. En una semana como ésta, pero hace 199 años, la sociedad argentina ya exigía ese derecho, con el histórico reclamo “El pueblo quiere saber de qué se trata”.

CIPPEC elaboró la tercera edición de la guía práctica para el acceso a la información pública, ¿Vos sabés!, que será distribuida de modo gratuito con los principales diarios nacionales y provinciales en los próximos días. La guía resume los pasos básicos para acceder a este derecho, presenta material y actividades vinculadas con el trabajo de periodistas e investigadores en este tema y destaca algunos avances alcanzado gracias al trabajo de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios comprometidos con este derecho. La novedad de esta edición es que incluye actividades para que los docentes puedan trabajar en la escuela.

Por otro lado, esta semana, y durante el mes de junio, también se dictarán diversos talleres en universidades y escuelas de Comunicación y Periodismo, en la que participarán como expositores miembros del Programa de Transparencia de CIPPEC y prestigiosos periodistas de diferentes medios nacionales.

La Constitución Nacional garantiza, desde 1994, el derecho a que todas las personas accedan a la información pública. Sin embargo, como muchos otros derechos incorporados en nuestra Carta Magna, el derecho de acceso a la información no es ejercitado de manera masiva por los argentinos porque se lo desconoce o no se sabe cómo usarlo. Por eso, el objetivo de esta campaña es difundir este derecho para que más personas puedan utilizarlo.

La información pública es un prerrequisito para la participación ciudadana: con información se toman mejores decisiones y se realizan elecciones fundadas, se puede controlar mejor a nuestros representantes y exigirles que rindan cuentas de sus actos. La información pública es la base del gobierno republicano. Pero además, permite acceder a otros derechos, como la salud, la educación, la vivienda digna o la obtención de un plan social.

“El acceso a la información no es parte de una plataforma política de derecha ni de izquierda. No es un derecho de los ricos ni de los pobres. Es una regla de juego básica de la democracia. La información es prerrequisito indispensable de la libertad de expresión”, sostuvo Manuel Garrido, director de los Programas de Justicia y Transparencia de CIPPEC.

En los últimos años, la Argentina hizo algunos avances en la promoción del derecho de acceso a la información. La emisión del Decreto 1172/03 es, sin dudas, el más importante a nivel nacional. “La situación actual del derecho de acceso a la información pública en el Poder Ejecutivo Nacional está a medio camino. Se tomaron medidas concretas para capacitar a funcionarios públicos, mejorar los procesos internos y facilitar los pedidos de información. Sin embargo, el cumplimiento del derecho demanda voluntad política del Ejecutivo para entregar información sensible y crítica sobre el desempeño del Gobierno y la forma en que éste toma las decisiones y gasta los recursos. Sin acceso a datos objetivos sobre el nivel de pobreza, los padrones de programas sociales focalizados o la asignación de subsidios al sector privado, entre otro tipo de datos centrales, queda mucho por hacer. Se mejoraron los procesos, pero falta la voluntad política para concretar una reforma a favor de la transparencia”, dijo Eugenia Braguinsky, coordinadora del Programa de Transparencia de CIPPEC.

En la Argentina aún no hay una ley nacional de acceso a la información que reglamente el derecho constitucional de todos los individuos de solicitar información en los tres poderes del Estado. Pero, así como el Poder Ejecutivo Nacional avanzó con el dictado del Decreto 1172/3, ocho provincias sancionaron leyes y cuatro emitieron decretos para facilitar el acceso a la información pública por parte de todos. La última fue Santa Fe, que el 29 de abril de 2009 dictó el Decreto 0692/2009 de Acceso a la Información Pública, que se aplica al Poder Ejecutivo Provincial, es decir, que pueden presentar solicitudes ante la administración provincial las empresas y sociedades del Estado Provincial, las sociedad anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades anónimas del Estado, sociedad de economía mixta, empresas y entes residuales, entres interestatales y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado provincial tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Las restantes 12 provincias carecen de normas que regulen este derecho esencial.

Es fundamental que el Estado brinde información y facilite el acceso a ella. Pero también que los ciudadanos y ciudadanas utilicen este derecho, lo ejerciten, lo exijan. Las estadísticas de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia indican que, en 2008, se presentaron en el Poder Ejecutivo Nacional más de 1.900 pedidos de información pública (4.511 desde 2004). Los datos muestran que quienes más solicitan información al Estado son los particulares –entre ellos, muchos estudiantes-, seguidos por las organizaciones sin fines de lucro y luego, en menor medida, los periodistas. Las estadísticas oficiales evidencias que aún son pocas las personas que se presentan en las oficinas públicas pidiendo información. Este hecho no sólo atenta contra quienes no utilizan el derecho sino contra el derecho mismo, dado que, justamente cuando se lo ejercita, se obliga a los funcionarios y a la administración pública en general a que lo pongan en práctica y apliquen los mecanismos diseñados para hacerlo efectivo.

El acceso a la información en la práctica: ¿qué se puede pedir y para qué sirve?

Algunas organizaciones de la sociedad civil piden regularmente información con fines de monitoreo cívico o para conocer el estado de las políticas de educación, salud, medio ambiente o políticas contra la pobreza. Presentamos algunos casos:

* CIPPEC solicitó información a todos los Ministerios nacionales, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires información sobre los destinatarios y montos de los subsidios a personas, organizaciones sin fines de lucro y empresas privadas. Mientras que algunos de los Ministerios entregaron toda la información, otros- como el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación- se negaron a hacerlo. Más información en: www.cippec.org.

* FARN y otras organizaciones de la sociedad civil solicitan, desde hace más de un año, que el Consejo Federal del Ambiente (COFEMA) implemente un mecanismo de acceso a la información y participación ciudadana. Frente a este requerimiento, en 2008 el COFEMA generó una Comisión Permanente de Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil y en la actualidad se encuentra evaluando una propuesta de mecanismo que presentaron las organizaciones. Para más información, consultar www.farn.org.ar.

* La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó y ganó una acción de amparo para que se ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a elaborar y mantener actualizado un mapa diagnóstico de la situación alimentaria y nutricional de la Ciudad y remitirlo bimestralmente a la Legislatura porteña, de conformidad con lo que ordena la Ley 105, sancionada en 1998. En primera y segunda instancia, la justicia hizo lugar al planteo. Sin embargo, y tras 10 años de incumplimiento, el Gobierno apeló la sentencia y los porteños mientras seguimos sin el mapa nutricional. Para más información, consultar www.acij.org.ar.

* En respuesta a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Justicia ordenó al Gobierno porteño proporcionar información sobre las agencias que operan en la ciudad y declaró la inconstitucionalidad del artículo 21 de la Ley de Seguridad Privada, que limita el acceso a esos datos. El fallo es un precedente fundamental para avanzar en el monitoreo de las agencias de seguridad privada, cuyo crecimiento en los últimos diez años hizo que los custodios privados superaran en número a los efectivos policiales, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, la sentencia refuerza el valor del derecho humano de acceso a la información como presupuesto para la participación ciudadana en el control de las acciones de gobierno. Más información en: www.cels.org.ar.

* Poder Ciudadano elaboró una Guía de Trámites y Organismos Para Mejorar el Acceso al Transporte en el Gran Buenos Aires. La Guía difunde información pública esencial para que el ciudadano-usuario pueda vehiculizar sus reclamos, solicitar modificación y ampliación de recorridos, exigir respeto por las frecuencias, denunciar la inexistencia de líneas y, en definitiva, participar e incidir en las distintas instancias tendientes a mejorar su acceso al transporte público. Más información en: www.poderciudadano.org.ar.

* Poder Ciudadano pidió información sobre la distribución de la pauta publicitaria 2008 de la Presidencia de la Nación. La información obtenida demuestra que el Poder Ejecutivo Nacional invirtió 395 millones de pesos el año pasado. Lo que equivale a un crecimiento del 754% desde 2003. Más información en: www.poderciudadano.org.ar

Algunas iniciativas estatales destacadas

La Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de la Nación, que vela por el acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, lidera diversas acciones que pueden consultarse en: www.mejordemocracia.gov.ar.

La Auditoría General de la Nación publica on line todos sus informes y edita periódicamente Reporte AGN, un boletín con fichas que resumen los informes, al que cualquiera puede suscribirse en: www.agn.gov.ar.

La Dirección General de Relación con Organismos de Control, Transparencia y Acceso a la Información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que estrenará esta semana un sistema de gestión on line de las solicitudes de infomación que facilitará al ciudadano el seguimiento de su pedido a través de la web. Además, seguirá con los talleres que, desde el año último, se dictan en las escuelas de la Ciudad para alumnos de 4º y 5º año. Más información en: www.buenosaires.gov.ar.

La Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe se encarga de velar por el respecto del flamante Decreto 692/09. Consultas sobre cómo pedir información o denuncias por falta de ella en la provincia pueden hacerse llamando al: 0342-4573038/39/40.

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