Tres días después del primer corte de la autopista efectuado por vecinas y vecinos del Barrio 31 Carlos Mugica (Villas 31 y 31 Bis), que reclaman al Gobierno de la Ciudad el cumplimiento de resoluciones judiciales vigentes hace 3 años que ordenan la provisión del servicio de transporte escolar a fin de garantizar el acceso a la educación de sus hijos e hijos, la historia se repite: el corte se está llevando adelante nuevamente. (más…)
La sentencia judicial que obliga al GCBA a proveer el servicio de transporte escolar gratuito a todos los niños de las Villas 31 y 31 Bis que asistan a escuelas a más de 10 cuadras de sus casas se encuentra firme desde principios de abril del año 2010. Sin embargo, hasta el presente nunca ha sido cumplida cabalmente.
Finaliza el año y desde ACIJ queremos compartir el Anuario Digital con el recorrido por las acciones que se realizaron a lo largo de 2011. Agradecemos a todas y todos los que trabajaron junto a la asociación y esperamos reencontrarnos el próximo año.
Finaliza el año legislativo y otra vez no quedan sesiones ordinarias enla Cámarade Diputados para tratar el proyecto sobre derecho de Acceso ala Información Pública, que cuenta con media sanción del Senado desde octubre de 2010.
Un importante grupo de organizaciones de la sociedad civil trabaja desde 2001 para que se promueva, se debata y se apruebe un proyecto que respete los estándares internacionales e incluya a los tres poderes del Estado.
Proyecto de Legislación Antiterrorista e Inversiones: modificación del Código Penal sobre Prevención, Investigación y Sanción de Actividades Delictivas con Finalidad Terrorista.
Los abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación frente al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 14 de octubre ante el Congreso de la Nación que tiene por finalidad reforzar la capacidad estatal de reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes los financien. El proyecto incorporaría al Código Penal una nueva agravante para cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión. En estos casos se elevaría la pena aplicable al doble de la pena mínima y de la máxima.
Desde ACIJ venimos sosteniendo la necesidad de implementar mecanismos de designación que garanticen la independencia de los órganos de control y la idoneidad de sus miembros para evitar que sean mal utilizados con fines políticos y cumplan con eficiencia la importante tarea que deben desempeñar.
En ese sentido, celebramos la existencia de instancias de participación previa a la designación de los Auditores Generales. Por un lado, contribuyen a transparentar el proceso y a acercar a la ciudadanía al debate sobre los asuntos públicos. Por otro, constituyen una valiosa herramienta para reunir mayor información sobre los candidatos antes de la decisión.
Sin embargo, no podemos dejar de señalar algunas deficiencias del procedimiento, que pueden frustrar los fines de la audiencia pública, que corre el riesgo de ser un mero trámite formal para otorgar un viso de legalidad a una decisión ya tomada.
Particularmente, la falta de publicidad de la convocatoria y de la información relevante sobre los candidatos es alarmante. La ley 6 de la CABA apenas exige que el llamado sea publicado por edictos (y durante sólo dos días) y que los curriculums de los candidatos estén disponibles en una dependencia de la Legislatura por cinco días para ser consultados. Durante ese breve tiempo pueden presentarse impugnaciones.
Para que esta instancia de participación cumpla con sus fines, es necesario que se adopten algunos recaudos mínimos: a) difusión activa de la convocatoria –a través de Internet, correo electrónico, notas y gacetillas- entre la ciudadanía y especialmente entre el público potencialmente interesado, como académicos, gremios, colegios profesionales, ONG’s y periodistas, y b) puesta a disposición de los curriculums e información relevante sobre los candidatos en medios accesibles (por lo menos, en el sitio Web de la Legislatura).
No obstante los condicionamientos, desde ACIJ invitamos a participar compartiendo información sobre los candidatos (ver lista y CVs más abajo), particularmente respecto de su idoneidad para el cargo y sobre la existencia de posibles conflictos de interés. Quienes tengan información relevante pueden dejar comentarios en esta entrada o hacérnosla llegar a jortiz@acij.org.ar.
También puede descargarse el formulario de impugnación, el cual debe ser entregado completo en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana antes del miércoles 26 de octubre.
Candidatos:
Bloque Pro
Bloque Frente para la Victoria
Bloque Proyecto Sur
Bloque Coalición Cívica
Bloque UCR
En el mes de marzo la Justicia había confirmado la obligación estatal de asegurar la accesibilidad a las escuelas públicas y privadas, en el marco de un juicio iniciado por la organización Acceso Ya.
Sin embargo, en lugar de cumplir con la sentencia y elaborar un plan de infraestructura que garantice el derecho de las personas con discapacidad de acceder a los establecimientos educativos, el Gobierno de la ciudad decidió apelar la decisión judicial.
Recientemente, una vez más, la Cámara confirmó la legitimidad del reclamo y rechazó el recurso presentado por el Gobierno para que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revoque la decisión tomada en marzo.
De acuerdo a datos provistos por el propio Gobierno, sólo un 10 % de los edificios estatales que brindan educación son accesibles para personas con discapacidad. La falta de accesibilidad a los edificios escolares resulta violatoria del derecho a la educación y a la autonomía, de los derechos del niño, del derecho a la igualdad y la no discriminación, y es contraria el sistema de protección internacional, nacional y local de las personas con discapacidad.
Es inaceptable que el Gobierno, pese a que cuenta con los recursos necesarios para resolver el problema, subejecuta en forma sistemática el dinero asignado a infraestructura escolar: en 2010, esta subjecución superó los 300 millones de pesos.
A su vez, es alarmante que el Gobierno local haya reducido en más de 250 millones de pesos los recursos contemplados para el programa que tiene a su cargo obras de accesibilidad en edificios escolares en 2011, a pesar de las órdenes judiciales que confirmaron la legitimidad del reclamo. Actualmente, el monto destinado a ese programa, que además de obras de accesibilidad tiene otras a su cargo, es menor a 18 millones de pesos. Además, su ejecución durante el primer trimestre del año fue inferior al 4%.
ACIJ espera que el Gobierno reconozca la legitimidad del reclamo, y que cumpla de una vez por todas con su obligación constitucional de asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidad, realizando en forma urgente las obras de infraestructura escolar necesarias para garantizarlo.
Hace cuatro años que los vecinos/as de la villa 21-24 vienen reclamando la colocación de nuevos transformadores eléctricos en el barrio, denunciado la grave situación que padecen por la precariedad de los tendidos y exigiendo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implemente medidas integrales que garantice la calidad y seguridad en la prestación del servicio.
Una inspección encargada por ACIJ y realizada por el ENRE en el 2009, determinó que en la villa existe riesgo eléctrico que pone en peligro la vida y la salud de sus habitantes. A raíz de esto, ACIJ y la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires presentaron, el año pasado, una acción de amparo colectivo contra el Gobierno de la Ciudad solicitando que se le ordene diseñar y ejecutar un plan integral que asegure el acceso adecuado, seguro, suficiente y continúo del servicio de energía eléctrica a los habitantes del barrio 21-24.
Al día de hoy el GCBA y la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica (EDESUR) no brindan una solución estructural que pueda dar respuesta al peligro que atraviesan los vecinos de la villa 21-24. Por el contrario, solo se limitan a realizar reparaciones parciales y superficiales en el tendido eléctrico que resultan completamente insuficientes. Mientras tanto, los vecinos y vecinas de la villa siguen poniendo en riesgo la vida.
Para más información:
Luciana Bercovich (Coordinadora del programa Derechos y Construcción Comunitaria en Villas – ACIJ): 155-580-9294
La discusión se centrará sobre los fallos “Alba Quintana” y “Arrieta” del Tribunal Superior de Justicia; la homologación del acuerdo de desalojo de las viviendas del Bajo Flores destinadas a los habitantes de los asentamientos que se encuentran sobre el camino de sirga, realizada por la Corte Suprema; las políticas actuales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destinadas a las personas en situación de calle; y la ley de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle y proyectos de ley presentados sobre el tema.
La modalidad de la Jornada consistirá en la presentación y contextualización de los temas enunciados, la conformación de talleres de discusión con el objeto de definir las estrategias judiciales y políticas para garantizas el derecho a la vivienda adecuada de las personas en situación de calle y la realización de un plenario de puesta en común de las conclusiones.
La Jornada está destinada a miembros del Poder Judicial de la Ciudad, a las personas que se encuentran en situación de calle o en riesgo de quedar en situación de calle, y a las organizaciones que defienden los derechos de este colectivo y de las personas en emergencia habitacional.
Por otra parte y advirtiendo que muchos de los allanamientos ordenados en la Ciudad de Buenos Aires se llevan adelante en clara violación de garantías y derechos elementales a la defensa, con consecuencias especialmente graves para las personas que ya se encuentran en una situación vulnerable; exhortamos a los magistrados porteños a que aseguren la adecuación de las actuaciones judiciales a los estándares constitucionales e internacionales relativos a este tipo de conflictos.
Al analizar la cantidad de impedimentos que padecen las familias de pocos recursos para acceder a vivienda digna en las condiciones del “mercado”, y el consecuente crecimiento de la población de las villas y asentamientos; expresamos preocupación ante la falta total de respuestas idóneas frente a la magnitud de la situación estructural en materia de política habitacional. La persecución penal y la utilización de medidas de coerción de las más gravosas, no es una solución admisible a esta problemática; por el contrario, sólo retroalimenta las dinámicas de exclusión y marginación, estigmatización y persecución hacia quienes requieren con más intensidad de políticas de seguridad social que aseguren su dignidad.
Por último y en el mismo sentido, nos parece oportuno mencionar lo dicho por la relatora sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Raquel Rolnik, en el marco de su visita oficial al país para evaluar el grado de satisfacción del derecho a la vivienda en la Argentina quien advirtió que “los problemas se judicializan cuando no hay respuestas políticas claras”.
Por ello, los abajo firmantes repudiamos las prácticas de criminalización de la pobreza y demandamos soluciones inmediatas al problema habitacional en la Ciudad.
AABA (Asociación de Abogados de Buenos Aires); ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y Justicia); AJuS (Abogados por la Justicia Social); CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales); Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; CIBA (Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires); Comisión Política de la Iglesia Dimensión de Fe; Cooperativa de Vivienda la Unión; Cooperativa de Vivienda, Trabajo y Consumo "Fuerza y Resistencia 1220"; COPADI (Colectivo por la Diversidad); CTA De los Trabajadores – Ciudad de Buenos Aires- ; CTA Capital; Comisión de Vivienda de la Legislatura de la Ciudad, Presidenta Diputada Rocío Sánchez Andía, Vicepresidente Diputado Francisco "Tito" Nenna; Diputado de la Ciudad Rafael Gentili; Diputada Nacional Lic. Fernanda Reyes; Encuentro por la Democracia y la Equidad; La Tendencia Nacional y Popular; La Vallese; MPP (Movimiento de Profesionales por los Pueblos); Observatorio de Derechos Humanos (ODH); Organización Popular Hormigonera; Pablo Barrera, Secretario General de la FUA (Federación Universitaria Argentina); Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA).
