17.02.07 // Novedades, NOVEDADES

Beber con cuentagotas (La Nación)

En el país que cuenta con uno de los mayores tesoros líquidos del mundo –el acuífero Guaraní–, Sonia muestra en el patio de su casa su propia reserva acuífera. Una bañera y unos cuantos baldes repletos con agua es todo lo que tiene hasta dentro de dos días, cuando vuelva a pasar el camión y le cargue los recipientes otra vez.

Hasta entonces, deberá procurar que ese volumen sea suficiente para que tanto ella como su esposo y sus dos hijos logren bañarse, ir al baño, lavar los platos y la ropa. De lo contrario, deberá acercarse hasta uno de los tanques comunitarios de la villa, rogar que tenga agua y, en caso afirmativo, acarrearla hasta su casa en esos mismos baldes que ahora exhibe llenos, se supone, de agua potable.

“Por las dudas, no la tomamos. Compramos el bidón de diez litros y tratamos de que dure, porque nos cuesta 12 pesos”, explica Sonia, una de las habitantes de la Villa 31 Bis, ubicada en Retiro, que un día, hace dos años, abrió la canilla de su casa y sólo encontró aire. Desde entonces el agua no volvió a salir y tanto ella como otras 300 familias de la villa deben abastecerse mediante tanques de reserva y recipientes comunitarios que no siempre tienen agua, porque el camión que debe mantenerlos llenos presta un servicio –dicen– bastante deficiente.

Según cálculos de Luis Villanueva, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que colabora con los vecinos, este servicio de acarreo de agua le cuesta al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) unos 75.000 pesos por mes, mientras que la solución definitiva, propuesta por los habitantes de la villa, costaría poco más de 20.000. La adecuada canalización de las aguas servidas que recorren las calles y que, en algunos tramos, se hace dificultoso esquivar, demandaría una inversión de otros 10.000 pesos.

“Pero el IVC ni nos recibe”, explica Albertina Maranzana, de ACIJ, que agrega que todos los habitantes de asentamientos precarios de la ciudad padecen algún tipo de problema con el agua.

Cobertura dispar

Pero la falta de acceso a una fuente de agua potable segura no es un problema excluyente de villas y asentamientos precarios. Las cifras del último censo registran que sólo el 77,6% de los habitantes del país tiene agua potable, aunque los niveles de cobertura en las diferentes regiones del país es bastante dispar.

“En cuanto a reservas de agua dulce, la Argentina se encuentra en una situación de privilegio. Pero la distribución cuantitativa del agua no es homogénea. Mientras que en la zona mesopotámica se cuenta con grandes volúmenes, tanto superficiales como subterráneos, en otros lugares como Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, la escasez es muy notoria”, explica el ingeniero hídrico Roberto Gioria, de Evarsa, consultora especializada en recursos hídricos.

“Como el descomunal volumen de agua que transita por la Cuenca del Plata prácticamente tiene una utilización insignificante –continúa Gioria–, existe en la actualidad una tendencia a la construcción de acueductos que lleven el agua a lugares con problemas de cantidad y calidad.”

Como ejemplo, el ingeniero cita los acueductos proyectados en Santa Fe que tomarán el agua del río Paraná y la llevarán al oeste de la provincia, que tiene serios problemas de calidad.

Según cifras del Sistema Iberoamericano de Información sobre el Agua, los núcleos urbanos más habitados en el país son los que reciben la mayor parte del servicio. De esta manera, ciudades como Buenos Aires y Córdoba, y todas las localidades con más de 10.000 habitantes, representan el 70% del servicio, en tanto que las poblaciones rurales sólo reciben el 30% restante.

La prestación del servicio de agua potable se realiza mediante diversas formas de gestión. Aunque el grueso está concentrado en empresas de capitales privados, también se cuentan cooperativas, asociaciones vecinales y algunos municipios.

El Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios (Cofes) representa el 87% de las empresas prestatarias. Según registros del organismo, unos ocho millones de habitantes no tienen agua potable. El mayor déficit lo padece la provincia de Buenos Aires, donde se concentraría el 75% de éstos.

“Las menores coberturas coinciden con el mayor nivel de pobreza, estableciendo una correlación entre nivel de cobertura y pobreza”, señala un informe del mencionado consejo.

La falta de acceso a una fuente de agua potable segura es, también, una puerta que permite el ingreso de enfermedades. La mayoría de las infecciones transmitidas por el agua son enfermedades diarreicas. En 2004, los hospitales y centros de salud registraron que el 15% de los niños menores de 5 años había padecido de diarrea, aunque se supone que el porcentaje es mayor debido a la cantidad de casos que no llegan a instancias sanitarias.

Y aunque es difícil precisar su causa, es probable que en la mayor parte de los casos, el consumo de agua no apta haya sido el factor determinante. Sin el saneamiento ambiental adecuado, los agentes patógenos se dispersan y alcanzan cursos de agua superficiales o profundos, donde pueden sobrevivir largo tiempo.

Silvia Ferrer es directora del área de Salud Ambiental del GCBA y cree que algunas consecuencias de la falta de acceso al agua potable no quedan evidenciadas en los macronúmeros de las estadísticas.

“En ocasiones puede pensarse que una comunidad tiene agua potable sólo porque cuenta con una canilla comunitaria. Pero esa agua no es sinónimo de agua segura, porque todos los mecanismos utilizados para acarrearla a los hogares pueden implicar contaminación”, explica Ferrer.

Agua segura

Por tal motivo, organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud comienzan a impulsar un cambio de perspectiva. Ya no se trata de tener agua potable, sino de tener agua segura. “Estos organismos consideran que el concepto de agua segura involucra una serie de nuevas variables, como el tipo de cañerías que la transporta o la presión del suministro”, describe Ferrer.

En septiembre de 2005, el Cofes aprobó la Declaración de Salta. Allí, se recuerda el compromiso suscripto por nuestro país para cumplir con los objetivos de Desarrollo para el Milenio propuestos por la ONU, entre los que figura la reducción a la mitad del déficit de cobertura de agua potable y desagües cloacales. Sin embargo, los miembros de Cofes no saben si podrá cumplirse con el compromiso asumido. Para eso, aseguran, es menester elaborar junto con el Gobierno estrategias conjuntas. Según cálculos del organismo, para cumplir con esta meta sería necesaria una inversión de 9000 millones de pesos.

La agrupación considera que el acceso universal al servicio de agua potable y el cumplimiento de las metas del milenio constituyen un elemento imprescindible para el desarrollo humano y social, y proponen, entre otras cosas, la creación de un fondo de saneamiento que respalde la realización de obras de infraestructura; que se incluya una partida para el pago del servicio de agua y cloacas dentro del presupuesto de los planes sociales en vigencia, y que se determine una tarifa social.

Comunidad quiso saber si luego de más de un año se había avanzado en tal sentido, pero no fue posible conversar con algún funcionario de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, a pesar de las reiteradas gestiones en la oficina de prensa del Ministerio de Planificación. En la página web del organismo se puede acceder a un mapa en el que figuran decenas de obras hídricas. La mayor parte se estaría ejecutando en la actualidad.

Aunque necesarias, las obras de infraestructura hídrica son sólo un aspecto de los tantos involucrados para asegurar tan preciado recurso a las futuras generaciones. Ninguna obra, por más eficaz que sea, pondrá fin al problema si no viene acompañada de una mayor toma de conciencia y un consecuente uso más responsable. Y eso nos involucra a todos.

Por Lorena Oliva
De la Redacción de LA NACION

La Nación

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