15.05.06 // Novedades, NOVEDADES

Aprender de los errores de la década pasada (Clarín)

Por Ezequiel Nino ABOGADO, CO-DIRECTOR DE LA ASOCIACION CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA (ACIJ)

Existe un fuerte consenso, incluso desde los organismos internacionales que lo promovieron, acerca de que el proceso de privatización de los servicios públicos de la década del 90 fue realizado sin las mínimas precauciones y garantías necesarias.

Entre otras críticas, se ha dicho reiteradamente que en aquel tiempo no se previó una debida deliberación en el seno del Congreso Nacional ni un control de los procedimientos por parte de organismos estatales con autonomía suficiente para hacerlo.

Además, tampoco se establecieron mecanismos de participación de los usuarios ni se les proveyó información suficiente sobre los procesos y sus consecuencias en relación a sus derechos.

Tiempo después, la reforma de la Constitución de 1994 incorporó expresamente los derechos de usuarios y consumidores a una información adecuada y veraz, a condiciones de trato equitativo y digno, a la libertad de elección y a la participación de asociaciones representativas en las tomas de decisiones.

Actualmente se está llevando adelante la renegociación integral de 59 contratos de servicios públicos, tal como lo dispuso la ley de emergencia económica y estamos ante una oportunidad histórica de revertir las falencias que tiñeron de oscuridad y sospecha las privatizaciones de la década pasada.

En este contexto, el Estado Nacional —representado por cada uno de los poderes del Estado, todos los cuales tienen un rol para cumplir— deben demostrar que hemos aprendido de las lecciones del pasado y que es posible diseñar sistemas eficientes que garanticen la rentabilidad de las empresas concesionarias pero, más importante, el acceso a los servicios por parte de todos los usuarios —especialmente de los sectores de menores recursos— y el control de los monopolios naturales y legales.

Sin embargo, se han adoptado algunas decisiones que hacen pensar que esta oportunidad también podría ser desperdiciada. Por dar algunos ejemplos, el Congreso sancionó una ley que permite considerar aprobada una propuesta de contrato aún cuando el cuerpo deliberativo no haya logrado debatirlo, lo cual aparece contrario al principio constitucional que establece que la voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente.

Además, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo han tomado decisiones trascendentales, como el nuevo esquema previsto para la provisión de aguas y servicios cloacales en el área metropolitana de Buenos Aires, sin prever ningún mecanismo de participación de los usuarios y sin siquiera ofrecerles información suficiente sobre el futuro de la provisión de este servicio.

Desde una perspectiva optimista, es posible imaginar que los poderes estatales adoptarán las medidas necesarias para corregir este tipo de falencias y garantizar la debida participación, el control y la provisión de información. Por otra parte, a diferencia de los primeros años de la década anterior, parece ser que la sociedad civil se encuentra mejor preparada para efectuar sus reclamos por las vías institucionales.

El camino iniciado por el Congreso al ordenar la renegociación integral de los contratos, teniendo en cuenta el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, puede aún ser retomado y lograr así decisiones adoptadas con la deliberación, transparencia y participación previstas constitucionalmente con el objeto de obtener servicios públicos de calidad y para todos.

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