21.08.18 // Vivienda y Hábitat (novedades)

Alquileres: La Justicia rechazó la demanda de los inmobiliarios que pretendía que las/os inquilinas/os paguen comisiones

El Juzgado de Primera Instancia CAYT Nº 14 a cargo del Dr. Fastman, rechazó la demanda interpuesta por el Centro de Corredores Inmobiliarios y por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCICBA), que solicitaba la declaración de inconstitucionalidad de la Ley N° 5.859 sancionada por la Legislatura en 2017, y que establece, entre otras cuestiones, el pago a cargo del propietario de la comisión inmobiliaria en los casos de locaciones urbanas de vivienda. Si bien la demanda fue articulada contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se designó a ACIJ y a Inquilinos Agrupados como representantes del sector inquilino en el marco de la causa.

Si bien la Ley N°5.859 no resuelve la totalidad de las problemáticas que enfrentan las/os inquilinas e inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires, mitiga una de las problemáticas vinculadas a las barreras de acceso a la vivienda en alquiler, como es el pago de la comisión inmobiliaria. Por otro lado, obliga al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) a ejercer el control del cumplimiento de las leyes locales que regulen aspectos vinculados a la materia locativa habitacional y a brindar asesoramiento descentralizado a propietarias/os e inquilinas/os. Asimismo, a raíz de la sanción de la ley se conformó una mesa de Diálogo sobre Alquileres en la Ciudad que coordina el IVC y que conforman organizaciones sociales, corredores inmobiliarios, legisladores/as, y organizaciones de la sociedad civil.

Creemos que la ratificación judicial de la plena vigencia de la Ley 5.859 es un punto de partida con miras a seguir trabajando en forma colectiva para buscar soluciones a la problemática de quienes resuelven su derecho a la vivienda por medio del alquiler en la Ciudad de Buenos aires. Ello, en un contexto económico y social que dificulta otros accesos a la vivienda para sectores medios y vulnerables, lo que justifica la necesidad de implementar políticas públicas que mejoren su situación habitacional.

 

La sentencia y el dictamen fiscal correspondiente pueden descargarse aquí.

 

 

 

 

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