07.11.08 // Novedades, NOVEDADES

Advierten que alienta la impunidad el recorte de facultades a la fiscalía que investiga la corrupción (La Nación)

Mayor sensación de impunidad, freno encubierto a causas de corrupción que involucran a funcionarios y ex funcionarios del Gobierno y ataque directo a la capacidad de maniobra de un fiscal. La lista resume los efectos que tendrá la decisión del procurador general de la Nación de recortar las facultades de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), según el diagnóstico de las ONGs dedicadas al estudio de cuestiones institucionales.

Referentes de esas organizaciones consultados por lanacion.com cuestionaron en duros términos la medida que Esteban Righi dictó ayer. A partir de una interpretación estricta del concepto de “intervención necesaria” que la ley del Ministerio Público le confiere a la FIA, la resolución del jefe de los fiscales establece que la fiscalía a cargo de Manuel Garrido ya no tendrá intervención directa en causas que no se hayan iniciado por una denuncia suya. Además, dictamina que en los expedientes que sí hubieran comenzado por su iniciativa, que son la minoría, sólo podrá asumir la acción penal cuando el fiscal del caso resuelva no seguir adelante.

Legalidad y oportunidad. “Formalmente, la resolución de Righi no es cuestionable, porque la ley orgánica del Ministerio Público lo habilita para recortar la capacidad de intervención a un fiscal, pero desde el punto de vista del momento y la conveniencia es negativa”, evaluó Martín Casares, investigador del área penal del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores).

El especialista afirmó que “no hay relación proporcional” entre los argumentos esgrimidos por Righi para dictar la medida y los efectos que, aseguró, producirá la determinación.

“Sin duda, el recorte [de facultades a Garrido] va a generar mayor sensación de impunidad, de crecimiento de la corrupción, de falta de transparencia y de desconfianza en la Justicia de la gente. Y eso es muy difícil de revertir”, alertó.

Ingenuidad. Casares interpretó que la medida implica un “avance del poder político sobre el Poder Judicial”. Y así lo explicó. “Con la excusa de coordinar mejor la relación entre fiscales se le recortán las atribuciones a Garrido, un fiscal que maneja causas sensibles para este gobierno, un tipo independiente. Aunque Righi está perfectamente habilitado, no se puede pensar ingenuamente que no haya nada detrás y tampoco se puede desconocer el efecto que va a generar”, arremetió.

“Si el objetivo real de Righi es ordenar el Ministerio Público podría tomar otras medidas. Es cierto que se produjeron cortocircuitos, pero sacarle facultades a la FIA no es la solución”, advirtió Luis Villanueva, coordinador del área de fortalecimiento institucional de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

El abogado coincidió con Casares en destacar la tarea de Garrido, que está al frente de la FIA desde hace cinco años y que impulsó el avance de causas como las presuntas coimas de Skanska, el escándalo de la bolsa con dinero encontrada en el despacho de Felisa Miceli, la manipulación de los índices del Indec y el supuesto enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner.

“Se le están recortando facultades a la única fiscalía que impulsó verdaderamente las causas de corrupción. Garrido es una garantía de imparcialidad y honestidad en la materia”, señaló.

Efectos negativos. También puso en la mira las consecuencias que la determinación de Righi podría tener a largo plazo. “Los efectos pueden ser malísimos.

Además, apuntó que, antes de recortar facultades, Righi podría haber tomado otras medidas para mejorar el rendimiento de los fiscales. “Tiene que formarlos, dotarlos de herramientas y recursos en lugar de retirarles facultades. El mismo ímpetu que puso en sacarle espacios a Garrido debería tenerlo para controlar a los fiscales que no trabajan o que trabajan mal”, disparó.

Compromiso con la ONU. El director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Roberto Saba, por su parte, sostuvo que la decisión de Righi “deja un margen de duda” respecto de si la Argentina cumple con la Convención de la Lucha contra la Corrupción de las Naciones Unidas a la que suscribió.

“Si tenemos en cuenta que la Oficina Anticorrupción (OA) depende del Poder Ejecutivo y tiene un desempeño cada vez más opaco y que se le están recortando facultades a la única instancia de control que nos permitía cumplir con la convención [por la FIA], la situación es grave. Esto debería disparar un debate profundo sobre las políticas de control de la corrupción, una materia en la que claramente estamos retrocediendo”, concluyó.

También Poder Ciudadano cuestionó la justificación del procurador para avanzar sobre Garrido. “Se supone que si la FIA interviene en una causa, lo hace desde el criterio de la unidad y la cooperación con el Ministerio Público, con la voluntad de sumar recursos, y eso es fundamental para que las investigaciones puedan avanzar más en menos tiempo. No se pueden privilegiar los conflictos personales por sobre el rol funcional del Ministerio Público”, consideró el coordinador del área de Justicia de la ONG, Hernán Sosa.

Casos difíciles. El especialista midió la gravedad de la decisión de Righi en función del tipo de delitos que investiga la FIA. “Son delitos que la mayoría de las veces son muy complejos y difíciles de probar. Reunir las pruebas lleva mucho tiempo y acreditar responsabilidades requiere muchos elementos. La ecuación es simple: con menos recursos y menos espacio para actuar, la capacidad de avanzar con las causas es menor”, razonó.

Al igual que sus pares, Sosa elogió el desempeño de Garrido al frente de la FIA. “Tiene una capacidad enorme para investigar y una experiencia muy importante que no puede ser desacreditada ni desaprovechada”.

Los consultados admitieron que, aunque todavía deben evaluar la medida de Righi “en profundidad”, será difícil presentar planteos en contra, ya que el procurador se manejó dentro de los límites que marca la ley.
Por Lucrecia Bullrich

La Nación

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