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Adhesión al comunicado de rechazo a la demanda contra Basta de Demoler, Santiago Pusso y Sonia Berjman

Desde ACIJ adherimos al comunicado de rechazo a la demanda contra Basta de Demoler, Santiago Pusso y Sonia Berjman.

CARTA PÚBLICA

Un ataque a la

participación democrática

Demanda millonaria del GCBA contra ciudadanos y ONGs

Las personas y organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestro profundo rechazo y preocupación en relación a la demanda judicial por “daños y perjuicios” que iniciara el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conjuntamente con Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado), contra la asociación civil “Basta de Demoler”, Santiago Pusso (vicepresidente de BdD) y Sonia Berjman (historiadora con reconocimiento internacional).

La demanda, en la que se exige una indemnización por 24 millones de pesos, fue iniciada contra quienes fueron amparistas en una causa judicial que se inició para proteger la Plaza Intendente Alvear (Área de Protección Histórica N°14 -ámbito Recoleta) ante la construcción de una estación de subte, en el marco de la cual el Poder Judicial dictó la suspensión de la obra -suspensión que luego diera lugar a la decisión de reubicar la estación-.

Este hecho inédito, promovido por el propio Estado de la Ciudad y del cual no se recuerdan precedentes, se convierte en un peligrosísimo ataque contra el derecho de acceso a la justicia, al control de la ciudadanía sobre la administración pública, y a la participación ciudadana en las decisiones públicas, pilar de nuestro modelo democrático. Asimismo, esconde una concepción que limita gravemente el rol del Poder Judicial en la defensa y protección de los derechos individuales y colectivos de la sociedad.

La sola presentación de esta demanda podría, en la práctica, amedrentar a individuos y organizaciones de la sociedad civil para que eviten defender judicialmente sus derechos e involucrarse en las cuestiones de gobierno.

En suma, el avance de esta causa implicaría poner en crisis derechos y garantías constitucionales, afectando tanto el derecho de acceso a la justicia, como el propio principio de democracia participativa que prevé la Constitución de la Ciudad.

Por lo tanto, solicitamos públicamente que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desista de la acción judicial retirando la demanda en forma urgente, y se abstenga en el futuro de nuevas acciones de este tipo contra quienes legítimamente acuden al Poder Judicial buscando reparar aquellos derechos que consideran conculcados.