23.05.14 // Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (novedades), Transparencia y Lucha contra la Corrupción (publicaciones)

ACIJ y Contadores Forenses advierten grave retroceso en el acceso a información de las Declaraciones Juradas de los/as funcionarios/as

A un año de la entrada en vigencia de la Ley Nº 26.857 (publicada en el Boletín Oficial del 23/05/13), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la ONG Contadores Forenses, ven con gran preocupación el estado de situación actual en relación al acceso a las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los/as funcionarios/as públicos/as, producto de las reglamentaciones adoptadas por los distintos poderes del Estado a partir de la sanción de la referida Ley.

En este sentido, desde el punto de vista del contenido de la información disponible en las nuevas declaraciones juradas, se evidencia un preocupante retroceso al comparar las declaraciones juradas actuales con las establecidas por la Ley de Ética Pública (Nº 25.188). Asimismo, la publicación en Internet de las declaraciones juradas de los/as funcionarios/as de todos los poderes del Estado es aún una promesa mayoritariamente incumplida.

Desde ACIJ y Contadores Forenses consideramos inaceptable que una ley que, según se aseguraba, buscaba “dotar de una mayor transparencia al desempeño de la función pública”, disminuya en la práctica sensiblemente los estándares establecidos por la Ley de Ética Pública, y presente un nivel de cumplimiento tan bajo como el que puede advertirse tan sólo ingresando al sitio de la Oficina Anticorrupción.

ACIJ ha elaborado el informe “A un año de la vigencia de la ley de declaraciones juradas patrimoniales integrales de funcionarios/as públicos/as”, que desarrolla el grado de cumplimiento de la Ley Nº 26.857 en los distintos poderes del Estado.

En primer lugar, ya no se pueden conocer los bienes e ingresos de los/as cónyuges o convivientes e hijos/as menores de edad. Esta información ha quedado relegada a un formulario reservado, sólo susceptible de conocerse por medio de una orden judicial. Ello, además de ser contrario a la Ley de Ética Pública, no hace más que favorecer la opacidad del régimen de declaraciones juradas, sustrayendo del conocimiento público información vital para determinar eventuales incrementos en el patrimonio de los/as funcionarios/as públicos/as, quienes podrían esconder sus bienes tan sólo poniéndolos a nombre de sus familiares directos.

En segundo lugar, se omitió incorporar la información relativa a los empleos anteriores de los/as funcionarios/as. Esta información, a cuya difusión obliga también la Ley de Ética Pública, es clave al momento de determinar incompatibilidades y posibles conflictos de interés respecto de los/as integrantes de los distintos poderes del Estado.

Tanto o más grave resulta el estado de la implementación de la ley en los diferentes poderes del Estado, a un año de su vigencia. En este sentido, sólo puede accederse por Internet (tal como fue la promesa de la ley) a declaraciones juradas correspondientes al Poder Ejecutivo.

En lo que respecta al Poder Legislativo, se encuentran publicadas las declaraciones juradas de sólo 99 Diputados/as sobre un total de 257 (38,52%), y de 7 Senadores/as sobre un total de 72 (9,72%). En el caso de los/as candidatos a cargos legislativos nacionales durante las últimas elecciones, el grado de cumplimiento de la norma fue prácticamente nulo en relación al universo de obligados/as.

En el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recién a fines de abril de este año reglamentó la ley de declaraciones juradas patrimoniales e integrales y, a raíz de eso, aún no se tienen acceso a las declaraciones juradas de los/as Ministros/as (la reglamentación padece deficiencias similares a las del Poder Ejecutivo). El Consejo de la Magistratura aun no emitió su propia reglamentación (se encuentra discutiendo un proyecto en tal sentido), y por tanto al día de hoy tampoco se encuentran disponibles las declaraciones de los/as jueces/zas nacionales, federales y provinciales.

Finalmente, en lo que al Ministerio Público se refiere, al día de hoy tampoco se encuentran disponibles en Internet los formularios de los/as Fiscales, mientras que el Ministerio Público de la Defensa reglamentó recién hace pocos días la ley, razón por la cual las declaraciones juradas de los/as Defensores/as tampoco son accesibles por ese medio.

En consecuencia, a partir de las nuevas reglamentaciones -y modos de implementación- de la nueva ley, una de las herramientas de control de la corrupción y garantía de la confianza de los/as ciudadanos/as en los/as funcionarios/as públicos/as -el acceso a la información correspondiente a las declaraciones juradas- ha sido limitada de tal forma que se impide verdaderamente cumplir con los objetivos de transparencia y rendición de cuentas para los que se creó.

El verdadero camino hacia la transparencia implica no sólo leyes que brinden mayor nivel de información sobre los bienes e ingresos de los/as funcionarios/as públicos/as, sino reglamentaciones que no desvirtúen su contenido, y un cumplimiento efectivo de sus disposiciones. Sólo así podremos avanzar hacia un camino de verdadera rendición de cuentas por parte de los/as funcionarios/as públicos/as, que vuelva a revivir la confianza que los/as ciudadanos/as deben tener en éstos, y fortalezca así las instituciones de nuestra democracia.

ACIJ y Contadores Forenses son organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la transparencia y la lucha contra la corrupción. Asimismo, ambas integran el colectivo “La Otra Trama”, un espacio conformado por distintas organizaciones de la sociedad civil que, a través de un enfoque multidisciplinario, busca articular acciones en torno al problema del crimen organizado en la sociedad argentina.

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