31.05.16 // Novedades, Derechos Económicos Sociales y Culturales (novedades), NOVEDADES

ACIJ remitió un documento a la ONU para brindar datos relevantes sobre violencia de género, infancia y pobreza.

Cada Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU debe presentar informes periódicos ante el Comité de Derechos Humanos, que incluya información específica vinculada al cumplimiento de sus obligaciones. Para realizar un monitoreo más efectivo, el Comité suele requerir informes adicionales elaborados por la sociedad civil. Este tipo de aportes representan una importante oportunidad para mostrar a los organismos de Naciones Unidas los retrocesos e incumplimientos en materia de derechos humanos que siguen vigentes en el país.

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En este marco, ACIJ envió un documento que subraya, entre otras cosas, la falta de estadísticas confiables para analizar la evolución de políticas públicas. La falta de información afecta por ejemplo al desarrollo de políticas tendientes a la protección integral de la mujer, la erradicación de la violencia de género o la disminución de la cantidad de personas que se encuentran por debajo de la línea de la indigencia y de la pobreza.

Por otra parte, el documento señala consecuencias negativas que pueden tener algunas normas impulsadas desde la última oportunidad en que el Comité revisó al Estado Argentino. En particular, se mencionan la ley de medidas cautelares contra el Estado, el Protocolo de Actuación de Fuerzas de Seguridad en las manifestaciones públicas, las reformas introducidas al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y ciertos aspectos del proyecto de ley de acceso a la información pública que hoy discute el Congreso.

Asimismo, el documento menciona situaciones particularmente graves que ACIJ viene denunciando, como la acefalía del Defensor del Pueblo de la Nación y la falta de nombramiento del Defensor de los Derechos de las  Niñas, Niños y Adolescentes a más de diez años de la creación del cargo.  

Finalmente, el informe sostiene que los presupuestos públicos deben ser programados y ejecutados desde una perspectiva de derechos, y puntualiza que el presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres es insuficiente para el cumplimiento de sus funciones y se utiliza de manera ineficiente.

El informe completo puede consultarse Aquí