18.05.18 // Novedades, Derecho a la Ciudad (novedades), Derechos Económicos Sociales y Culturales (novedades), NOVEDADES

ACIJ denunció internacionalmente al Estado Argentino por la situación de las plazas de las villas

ACIJ presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas solicitando que se condene a Argentina por haber negado el acceso a la justicia ante el reclamo por un trato igualitario en el acceso a espacios de recreación, respecto de las personas que sufren los mayores niveles de pobreza y segregación. Las personas que habitan en villas de la Ciudad, sufrieron discriminación por su condición socioeconómica, ya que se establecieron políticas diferenciadas de mantenimiento del espacio público. La denuncia es la primera que recibe el Comité contra Argentina.

 

 

 

 

 

 

El 10% de la población argentina vive en asentamientos precarios o villas y al menos 275.000 personas viven en la CABA, enfrentando las mayores vulneraciones de DESC que se producen en la Ciudad y en gran parte de Argentina. La discriminación estructural que sufren los sectores más pobres en el acceso a bienes y servicios básicos se materializa de forma patente en estas zonas de la Ciudad y perpetúa un trato inequitativo -cuando no hostil o violento- redundando en violaciones estructurales de sus derechos y en la afectación de la calidad de vida de dicha población.

Si bien Argentina ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y se comprometió a erradicar prácticas discriminatorias y a garantizar el acceso a los DESC en condiciones de igualdad, la situación de acceso inequitativo a espacios verdes en las villas, con relación a los del resto de la CABA, refleja la existencia de políticas diferenciadas y discriminatorias que repercuten en menos espacios verdes, con menor mantenimiento, limitando el derecho a la salud, a participar de la vida cultural y el derecho de niños y niñas a jugar.

Mientras las plazas del resto de la Ciudad reciben mantenimiento a través de un programa con altos niveles de ejecución presupuestaria, el presupuesto destinado a las de villas no se ejecuta y las plazas se encuentran -la mayoría de las veces- sin mantenimiento y en condiciones que pueden ocasionar daños a la salud y a la seguridad de las personas.

Esta presentación continúa un reclamo que ACIJ inició hace diez años, al presentar una acción de amparo para que la justicia ordene al GCBA cesar en la práctica discriminatoria de exclusión en la distribución y mantenimiento de los espacios verdes. Si bien en primera instancia se obtuvo una sentencia que reconoció la situación de discriminación, y ordenó al Gobierno revertirla, la Cámara de Apelaciones declaró abstracta la causa con el único argumento de que el GCBA había afirmado contar con un “plan” para revertir las violaciones de derechos denunciadas, denegando así el derecho a acceder a la justicia, a contar con una sentencia y poder supervisar su ejecución. Apelamos esa decisión a las instancias superiores, ni el Superior Tribunal de Justicia, ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación, intervinieron para remediar la injusta limitación en el acceso a la justicia y resolver el caso de discriminación planteado.  

Al haber agotado los recursos internos, y no tener otra instancia donde realizar el reclamo para asegurar el acceso a la justicia y el derecho a contar con espacios verdes en condiciones de igualdad, acudimos ante el Comité de DESC, para solicitar su intervención a fin de garantizar la implementación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

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