A más de una década de la muerte de Octavio Romero, seguimos exigiendo justicia

Octavio iba a convertirse en el primer integrante de la Prefectura Naval en casarse con una persona del mismo sexo. Luego de 11 años de su desaparición seguida de muerte, aún no se ha identificado a las personas responsables del hecho ni reparado a su familia.

En el año 2010, Octavio Romero, integrante de la Prefectura Naval Argentina, solicitó a su superior autorización (en aquel entonces, obligatoria) para contraer matrimonio con su pareja, Gabriel Gersbach. Los múltiples hostigamientos y amenazas que Octavio ya sufría por su orientación sexual en su ámbito laboral se intensificaron tras dicho pedido, hasta que el 11 de junio desapareció. Al cabo de seis días, su cuerpo fue encontrado sin vida en las aguas del Río de la Plata, sujetas a la jurisdicción de la Prefectura. La investigación penal del hecho estuvo plagada de vicios y prejuicios, y no abordó con seriedad la hipótesis de un crimen de odio. Gabriel fue investigado sin imputación alguna, y durante años se le negó la participación como querellante en la causa. 

Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Igualdad, venimos representando a Gabriel en diversos procesos en búsqueda de verdad y justicia. Como parte de ese acompañamiento, en 2012 recurrimos junto a él a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de que se declarara la responsabilidad del Estado argentino por la violación de los derechos a la vida e integridad personal de Octavio, y de las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial de Octavio y de Gabriel. Seis años después, la CIDH declaró la admisibilidad del caso, y en 2020 el gobierno ofreció iniciar un proceso de solución amistosa, el que se encuentra en curso.

A 11 años de la desaparición seguida de muerte de Octavio, exigimos al Estado argentino que asuma su responsabilidad por no haber investigado con diligencia lo ocurrido y por haber discriminado sistemáticamente a Gabriel, que sancione a las personas responsables y que repare íntegramente a la familia de Octavio. Asimismo, resulta urgente que adopte medidas para asegurar que estos hechos no se repitan. Esto requiere, en primer lugar, una adecuación de la normativa que regula el funcionamiento y la actuación de las fuerzas de seguridad a los estándares internacionales aplicables en materia de igualdad y protección contra la violencia de las personas LGBTIQ+. A su vez, se deben implementar capacitaciones en perspectiva de derechos humanos y diversidad sexual para quienes se desempeñan en dichas fuerzas y en el Poder Judicial de la Nación.