29.08.12 // Villas e Integración Urbana (medios)

Propuestas para la modificación del Código Civil

Compartimos las conclusiones del espacio Habitar Argentina luego de la exposición que se realizó ayer en el Congreso sobre la reforma del Código Civil.

En el evento participaron Gustavo Maurino, co-director de ACIJ, y Luciana Bercovich, coordinadora del Programa Acción Comunitaria en Villas, quienes presentaron propuestas en relación al derecho a la vivienda.

 

Profesionales de ACIJ, Cels, Colectivo por la Igualdad y la Universidad General Sarmiento, entre otras organizaciones, acompañan pedido de modificaciones

 

Habitar Argentina presentó propuesta de vivienda

para la reforma del Código Civil

 

En el salón azul del Senado de la Nación, frente a los integrantes de la Comisión Bicameral encargada del estudio del proyecto de reforma del Código Civil y Comercial y a un público atento a sus palabras, la abogada Carolina Fairstein, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) desarrolló la propuesta en materia de vivienda delineada por Habitar Argentina.

 “Vengo en representación del espacio Habitar con una propuesta elaborada de manera participativa y colaborativa entre distintas organizaciones de base, no gubernamentales, centros de estudios, arquitectos, urbanistas y legisladores de diferentes procedencias” destacó la abogada. “Uno de los aspectos que más nos preocupa como espacio es que no está contemplada la situación irregular de más de un millón de hogares que habitan de modo informal tanto en lo urbano como en lo rural en el país, lo que dificulta la concreción efectiva del derecho a la vivienda”. Fairsten se refirió a “la función social de la propiedad, un concepto que sí bien es invocado desde los fundamentos de esta reforma no está siendo reflejado en forma expresa dentro del articulado. No se trata de una idea extravagante sino de una propuesta fundada en el derecho comparado en países de la región y recepta recomendaciones internacionales de diferentes estratos de Naciones Unidas”.

Por su parte, Jonathan Baldiviezo, del Colectivo por la Igualdad, precisó que “es necesario definir interés común para garantizar derechos y que el código no obstaculice herramientas que necesita el Estado. Se propone también cambiar “camino de sirga” por “camino ribereño” y agregar la función ambiental y social además de la función de navegación contemplada hasta el momento. No se debe modificar el ancho de 35 metros de costa previsto de acceso libre y gratuito para la población y evitar que se reduzca a 15 metros, tal como postula el proyecto”.

A su vez, la investigadora de la Universidad General Sarmiento (UNGs) y de la Universidad de Lanús, Soledad Arenaza se refirió a los barrios cerrados y consideró positivo que “el Código regularice la informalidad de estos barrios que es muy alta pero también piense cómo abordar ese crecimiento en el futuro. Este modo de vivir disputa tierra en una competencia feroz con otras formas de hábitat y tendría que estar sujeto a las necesidades habitacionales de cada municipio o provincia. El suelo se agota, no es renovable y es necesario planificar su uso desde el Estado”.

Por último, Luciana Bercovich, integrante de la ACIJ, enfatizó que “el resto de las articulaciones en vivienda depende de que la función social de la propiedad quede establecida en el Código”. Además, Bercovich señaló que “hoy por hoy las personas que viven en villas y asentamientos no acceden a servicios públicos porque esto se relaciona con tener un título de propiedad. Al respecto, marca como posibilidad de reforma “que se pueda acceder a un servicio público sin tener título de propiedad y que el Código Civil no sea un limitante para el acceso a servicios básicos y a derechos humanos fundamentales”. La abogada también destacó que “los cambios que se proponen fueron formulados para artículos puntuales sin comprometer el trabajo de sistematización hecho por los autores del proyecto” de reforma.

Desde Habitar Argentina, saludamos esta instancia de participación que jerarquiza los mecanismos democráticos y permite la expresión en un marco institucional de sectores que se verán invariablemente involucrados y cuya voz debe ser oída ante la inminente sanción de un texto fundamental para la vida cotidiana del país.

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