30.10.13 // Destacadas (medios), Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (medios)

2000 – “Los crímenes de esta índole no pueden quedar impunes”

María Victoria Gama, abogada y miembro de la la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), analiza la causa por las coimas en el Senado, el caso de corrupción que quebró al gobierno de la Alianza, provocó la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez y hoy tiene al expresidente Fernando de la Rúa entre los acusados.

-¿Por qué decidieron tomar la causa de las coimas en el Senado?
-Entendemos que es un caso emblemático, el más importante de todo el período de (Fernando) De la Rúa, por la cantidad y calidad de los involucrados, y con un vicepresidente (Carlos “Chacho” Alvarez) renunciando en ese contexto. Como sociedad civil, es importante instalar que los crímenes de esta índole no pueden quedar impunes.

 

Foto: Agustina Jaurena.

-Se cumplieron 13 años desde que comenzó la causa. ¿Es normal esta demora?
-Relativamente. Hemos realizado estudios junto con CIPCE (Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica) contrastando diferentes causas que manejamos en los sucesivos gobiernos, desde el menemismo hasta la actualidad, y la verdad es que la demora no nos sorprende. El promedio que vemos en todas estas causas de corrupción -alrededor de 60- es de más de 11 años desde la denuncia hasta la condena efectiva. En este caso, ya pasaron más de 13, por lo que en el último aniversario sacamos un comunicado para tratar de reinstalarlo. Sucede que de a poco la gente se va olvidando, y al tratarse de un hito tan importante, creemos que es algo que hay que evitar.

-¿Qué vínculo tienen con CIPCE?
-En el caso de las coimas en el Senado hemos ido a varias audiencias juntos. Es una organización que se encarga, básicamente, de investigar casos de lavados de activos y de ver qué sucede con los fondos que se incautan una vez finalizado un juicio por corrupción. Ellos proponen emplear estos fondos para fines sociales. Un caso importante fue el de María Julia Alsogaray, en el que ellos pedían que los ingresos por la venta de su petit hotel fueran destinados al Hospital Garraham.

-¿Cuáles son los aspectos centrales de la investigación?
-La Ley de Reforma Laboral se aprobó en mayo de 2000, en un contexto de escándalo en el que ya se hablaba de sobornos millonarios que involucraban a legisladores y a integrantes del ejecutivo. En agosto, Emilio Cantarero, senador del PJ por Salta, reconoce en una entrevista con el diario La Nación la existencia de los sobornos. A partir de estas declaraciones el fiscal Federico Delgado comienza la investigación, y desde ese momento ha sido un gran batallador en esta causa. Ha presentado 300 testigos, lo que implica un soporte probatorio muy fuerte. Se decía desde 2006 que la causa ya estaba para pasar a juicio oral, pero se la demoró para incluir entre los imputados a De la Rúa. Esto hizo retrotraer la investigación y se alargaron los plazos, pero por la importancia simbólica incluirlo era significativa. Estamos hablando de un presidente imputado en un caso de corrupción.

-Con la esposa de Pontaquarto casi pasa algo parecido.
-Silvana Costalonga está en la lista de 300 testigos, y es muy importante porque tuvo en su casa el dinero que después se iba a repartir entre los senadores, de manera que podía corroborar todo lo que declaró su ex esposo. Hace poco la causa estuvo casi en peligro porque los jueces estaban considerando imputarla, lo que implicaba sacarla de la lista de testigos y volver todo el caso atrás. Finalmente esto no sucedió.

-¿Consideran que la causa está probada?
-Sí. El fiscal Delgado ha comentado que se dice en Comodoro Py que la causa se cae porque no está probada. Pero con la cantidad y calidad de los testigos que han declarado, no queda mucho más para analizar. Honestamente esperamos que cuando empiecen los alegatos, de una buena vez se condene a los responsables.

-Es curioso que la prensa no le de tanta importancia al tema.
-Nosotros siempre pensamos en eso. En septiembre se cumplieron los 13 años de la causa y una sola radio nos llamó para preguntarnos por el caso. Ni La Nación ni Clarín lo pusieron en el portal. Evidentemente no hay interés. Esto es un problema porque son hechos que sucedieron hace 13 años, y la juventud no se representa lo que significó en ese momento. Fue un corte en el gobierno de De la Rúa, el primer resbalón de lo que vino después. Nuestro objetivo es visibilizar -y a través de los medios sería ideal poder hacerlo- que estas situaciones no pueden dejarse pasar. Muchas causas parecidas han ido prescribiendo o han terminado con el sobreseimiento de los acusados. Una condena en esta causa sería un peldaño importante hacia una institucionalidad necesaria.

-¿El spot que ustedes crearon tiene que ver con esto?
-En parte. Al principio los imputados y los testigos no querían declarar oralmente, sino que pedían hacerlo por escrito. Y el peso de las dos maneras de declarar es significativamente diferente, y eso hace un poco al tema de la prensa: no es lo mismo estar escuchando a una persona, con los jueces repreguntándole y los periodistas presentes en la sala, que tenerlo escrito y metido en un expediente. El impacto visual y social es mucho menor, se disipa. Hace poco más de un año comenzamos a elaborar este spot, que está colgado en nuestra página web. Afortunadamente, sirvió para que algunos cambiaran su parecer y terminaran declarando oralmente. Nos llama mucho la atención la escasa atención que prestó la prensa a todo esto. Muy pocos lo levantaron.

-¿Por qué se olvidan este tipo de hechos?
-Hay estudios que demuestran que el lapso de interés por lo que es noticia es bastante breve, y esto puede trasladarse a los juicios. Una persona que ha sido testigo de un hecho se va a acordar durante no más de una semana, de manera patente y con detalle de todo lo que ha ocurrido. Lo mismo puede trasladarse a nivel sociedad. La gente tiene mucho más fresco lo que pasó en la semana que lo que puede haber ocurrido en años anteriores, producto del bombardeo de información constante, producto de lo que es la rutina de cada uno. El paso del tiempo, la prolongada duración de los juicios, provocan tanto el olvido como la pérdida de interés.

-Existe también la sensación de que casos como estos nunca se resuelven.
-Sí, o que nadie va a ir preso. Creo que ahí hay pendiente un mea culpa por parte de la Justicia. También del Poder Legislativo, que debería armar un Código Procesal que contemple estas circunstancias. El código que tenemos hoy hace que no sea tan sencillo resolver un caso de esta gravedad en poco tiempo. Hay una comisión que está estudiando una reforma para acelerar los tiempos, pero es algo muy incipiente. También creo que es necesario revisar la actuación de los abogados, que son los que interponen la mayor parte de los recursos que hace que las causas lleven tanto tiempo. Se ha sugerido que causas de esta índole deberían ser imprescriptibles, como las de lesa humanidad. No creo que tenga que ser así, pero es un argumento que aparece.

-¿Hay precedentes en Argentina de condenas de funcionarios de esta magnitud?
-No. La única condenada hasta ahora del menemismo es María Julia Alsogaray, y Felisa Miceli en el kirchnerismo, que no tiene condena firme. Senadores no hemos tenido… hasta ahora.

-¿La causa involucra a personas que hoy tengan un rol activo en política?
-No de manera pública, lo que expresa que ha habido una condena social y política, independientemente de la judicial, que también esperamos.

-¿Entre cuántos se repartieron el dinero?
-De los 5 millones 400 mil dólares, 4 millones 700 mil fueron para los senadores que estuvieron involucrados en la maniobra. Alberto Flamarique y José Genoud se llevaron, en teoría, 700 mil cada uno, por la gestión que hicieron de acercar las partes.

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