19.09.07 // Novedades, NOVEDADES

¿Hay que sacar las villas de la Ciudad? (Plaza Pública / Clarin)

“¿Por qué pensar que el cambio de apariencias –cambio de una casa de ladrillo y chapa hecha por el esfuerzo del villero por otra casa del Instituto de la Vivienda de varios pisos- es ya un progreso?”, se pregunta el Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia, de la arquidiócesis de Buenos Aires, un grupo de curas católicos que no sólo se oponen a su erradicación sino también a su urbanización.

“¿No será más bien otra cosa que aprolijar la villa para que el resto de la ciudad no chille y dejarla conforme?”, advierten a partir de los proyectos para desterrar las villas de la Ciudad que empezaron a circular durante la campaña para jefe de Gobierno.

Estos sacerdotes reclaman una “integración urbana” que tenga en cuenta la “cultura villera”: “Respetar la idiosincrasia de los pueblos, sus costumbres, su modo de construir, su ingenio para aprovechar tiempo y espacio, respetar su lugar, que tiene su propia historia”.

Los 25 mil habitantes de las Villas 31 y 31 bis viven en una de las zonas más caras de la Ciudad. Si en esos terrenos se construyeran torres, el metro cuadrado se cotizaría a unos 6.000 dólares. Hoy son 25 hectáreas de terrenos fiscales, linderos a la Terminal de Ómnibus de Retiro y al viejo edificio del Correo, valuados en unos 25 millones de dólares, ocupados por humildes casas de chapa y material.

¿Hay que sacar las villas de la Ciudad?

¿Hay otra alternativa que no sea la erradicación?

Para Santiago Tedeschi, del Centro del Derecho a la Vivienda contra los Desalojos, sacar las villas, aún indemnizando a sus habitantes, es una forma de expulsión de los indigentes de la Ciudad: “Las ciudades se van consolidando como espacios destinados a la clase media y a los sectores ricos, y los pobres tienen que buscar sus lugares en las arterias degradadas, en las cuencas de los ríos contaminados o en terrenos no urbanizados”, señala este abogado en una entrevista con Página 12.

La villa 31, nacida en la década del 40, sufrió varios intentos de erradicación. Uno de los más crudos fue durante la última dictadura militar cuando el ex intendente de facto Osvaldo Cacciatore sólo dejó 49 familias. El Equipo de los curas fue uno de los grupos que opuso más resistencia, codo a codo con los ciudadanos del barrio. Con el tiempo, la villa se volvió a repoblar. En 1990, Carlos Menem dictó un decreto (el 1001/90), que incluyó a esta Villa entre los asentamientos a radicarse.

“La palabra urbanizar es unilateral, se da desde el poder y muestra una desvalorización de la cultura de la villa. El planteo de urbanización debe ser respetuoso de una auténtica cultura como es la villera y no querer barnizarla, o lo que es más grave aún borrarla de un plumazo”, sostuvieron los curas en el documento que dieron a conocer el 11 de junio una semana antes del ballotage porteño y que le presentaron a los dos candidatos,Daniel Filmus y Mauricio Macri. El texto fue entregado, además, a organizaciones barriales y vecinos de los distintos asentamientos que hay en la Ciudad.

El candidato de PRO había propuesto durante su campaña reurbanizar todas las villas porteñas, a excepción de la de Retiro, para la que que planteó su erradicación.

El padre Gustavo Carrara señala que, cuando le hicieron llegar el documento, “Macri se manifestó con espíritu de diálogo, aunque no sabemos qué hará una vez que asuma la jefatura de gobierno”. Como integrante de Equipo de la Pastoral que participó en la redacción, anuncia que aspiran a que se dialogue con los vecinos que viven en las villas porque “hay mucho desconocimiento y lo que se conoce está mediatizado por los punteros políticos”.

A la vista de todos

Quizás lo que vuelve a la Villa 31 particularmente polémica es su ubicación. Imposible no verla para los automovilistas que la atraviesan al llegar al centro desde el norte de la Ciudad por la autopista Illia, desde los trenes que arriban o parten de la estación de Retiro o los micros que salen hacia todo el país.

Para el Instituto de la Espacialidad Humana de la Facultad de Arquitectura de la UBA, la Villa 31 resulta la más emblemática, si bien no es la más populosa, porque se trata de una villa “que no es periférica sino central, que no está en el sur sino en el norte. Que se empeña en contrastar, trillada y ostentosamente, con las torres corporativas vecinas. Por sobre todo, además es la que simboliza la historia del movimiento villero en la figura de su mártir, el padre Carlos Mugica”.

Hasta los servicios discriminan

Los habitantes más antiguos se concentran en el sector que lleva justamente el nombre del cura asesinado por la Triple A, donde descansan sus restos. En la última década, la villa se fue extendiendo y hoy hay un segundo asentamiento llamado Villa 31 bis, que se formó hace 14 años con gente que se fue de la 31 al recibir un subsidio del gobierno pero que luego, al no poder vivir en otro lado, volvieron y se instalaron al lado de las vías en aún peores condiciones, sin acceso a los servicios básicos que sí tienen, aunque sea en forma precaria, sus vecinos de la 31.

Para Albertina Maranzana, abogada de la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “no existe voluntad política para que los habitantes de las villas accedan a los servicios públicos y a una mayor igualdad en las condiciones de vida como el resto de los habitantes de la ciudad”.

Aunque la mayoría podría pagar una factura con una tarifa social, “las empresas llegan hasta la entrada de la villa y luego es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) el que monopoliza su distribución dentro del barrio. Si bien este organismo se compromete a hacer las obras necesarias, presta los servicios de agua, luz, cloaca y gas de manera irregular y discrecional, y entonces los vecinos se terminan conectando informalmente y en condiciones riesgosas”, afirma Maranzana.

ACIJ desarrolla un programa de trabajo en villas desde hace un año y medio por el que brinda un servicio de asistencia jurídica para canalizar los reclamos de los vecinos en todo lo referido al acceso a los servicios públicos. Gracias a la intermediación de esta ONG, algunas empresas como Telecom y el Correo Argentino ahora entran a la villa 31 bis. “Logramos 15 puntos de correo comunitario, uno por manzana, aunque lo ideal sería casa por casa, como sí sucede en la 31. Y logramos que se instalen mas de 300 líneas de teléfono en las casillas”, informa la abogada.

A diferencia de lo que pudiera pensar la mayoría, los habitantes de la villa quieren poder pagar una factura porque ese papel se convierte en una carta de acceso a otros servicios, así como a un crédito o al Monotributo. “Si entran los servicios, -explica Maranzana – las villas podrían asimilarse a un barrio como los demás. De esta manera, la brecha entre la ciudad formal y la informal podría ser cada vez menor. Pero no hay decisión política de que ocurra”.

En el caso de la electricidad, las empresas distribuidoras llegan con el tendido hasta la entrada y es el IVC el encargado de instalar medidores comunitarios y tender cables dentro del asentamiento. “Pero como no realiza un tendido correcto y no instala un medidor en cada casa, la gente se cuelga”, agrega Maranzana. Esto implica, por ejemplo, que no tengan un número para llamar si hay una urgencia o un incendio por un cortocircuito eléctrico.

“A partir de los servicios, de a poco, se puede conseguir la organización de estas villas. Pero el IVC y el gobierno prefieren mantenerlas en su condición de precariedad para poder levantarlas en cualquier momento”, denuncia.

¿Fuera de la ley?

Tedeschi sostiene que la gente desconoce su derecho a la regularización y urbanización de sus viviendas que está avalado por la legislación internacional de derechos humanos que fue incluida en nuestra Constitución Nacional en 1994. Asimismo, la Constitución porteña también garantiza el derecho a la vivienda digna y a un hábitat adecuado.

“Además, el Comité de Naciones Unidas viene diciendo que el derecho a la vivienda incluye el derecho a la regularización de todo poblador que vive en situación informal y, últimamente, se habla de que una población se consolida en un lugar cuando tiene más de tres años en el sitio”, agrega este abogado.

“Los pobres también tienen derecho a vivir en Buenos Aires”, sostiene por su parte el padre Carrara, quien insiste en que “la solución para un tema de esta magnitud requiere del diálogo con los vecinos”. Y así lo expresa el Equipo de curas en el documento en el que fijan su posición: “Sin duda debe de haber un camino de mejoramiento de la calidad de vida en las villas. Pero es fundamental en este camino poner el oído en el corazón del villero para que las posibles soluciones no provengan de oficinas donde trabajan técnicos que ignoran la realidad, y que en lugar de mejorarla la empeoran”. Y, en este sentido, destacan: “Entendemos que lo positivo de la urbanización es una preocupación del resto de la ciudad para con la villa, tratando de darle una mejor calidad de vida. Pero a nuestro entender, así sin más, sería no valorar y tener presente lo que la villa puede aportar al resto de la ciudad. Para nosotros la integración urbana sería el camino que debería recorrerse en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Es posible un proyecto que integre a estos barrios y atienda los distintos intereses en juego?

¿La clase media tiene miedo de sus vecinos pobres?

¿No queremos ver a los pobres tan cerca?

¿O se trata de un posible negocio inmobiliario millonario ?

Publicado por Editor Plaza Pública

Plaaz Pública / Clarin

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