27.11.06 // Novedades, NOVEDADES

¿Facturas truchas para justificar coimas? (Diario Perfil)

Una megacausa de la Justicia penal tributaria puede terminar en un escándalo tan importante como el que significó el caso IBM-Banco Nación, durante la década del 90. En este como en aquel proceso que sacudió las entrañas del poder, todo se inició como una investigación impositiva por facturas falsas y empresas fantasma –y por lo tanto, de evasión tributaria– pero tiene desde hace tres semanas una nueva hipótesis: los investigadores creen estar ante la existencia de una estructura económica ilegal para financiar organizaciones políticas. O enriquecer a políticos.
Una parte importante de esas maniobras se habrían gestado bajo el paraguas de los Fondos Fiduciarios para Obra Pública impulsados por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y más precisamente en una de las obras insignias de la administración K: la ampliación del Gasoducto Norte.
En ese contexto y tal como lo asegura la causa 1705/2005, que lleva adelante el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart y que ya llega a las 12.000 fojas, la compañía constructora de origen sueco Skanska le pagó a una empresa fantasma, denominada Infiniti Group, $ 1.256.120 sin recibir contraprestación legítima. Como asegura Adrián López –el apoderado de Infiniti que está preso en el penal de Marcos Paz–, lo que pretendía Skanska eran facturas, comprobantes falsos que básicamente sirvieran para evadir impuestos u ocultar pagos ilegítimos. A eso se dedicaba Infiniti, que no tenía oficinas visibles, ni empleados, y que según el magistrado poseía una “existencia espectral”.
El equipo de investigación que trabaja junto al juez López Biscayart –del que participa Carlos Bo, el mismo supervisor de la AFIP que fue clave para desentrañar el escándalo IBM-Banco Nación– no descarta que los pagos de Skanska constituyan el delito de cohecho. O dicho de forma más sencilla: coimas.
En estos días, están en plena pesquisa siguiendo la ruta del dinero: tan es así que en los últimos quince días se produjeron –al menos– tres allanamientos en su búsqueda.
Los pagos de Skanska a Infiniti Group se produjeron –así lo reconoce la propia empresa y consta en la investigación judicial– en una obra concreta en el marco del Gasoducto Norte: la Planta Impulsora de la localidad cordobesa de Deán Funes.

Quién supervisa. La fiscalización técnico-contable de las ampliaciones de la capacidad de transporte del Gasoducto Norte –es decir, en el marco en el que se produjeron las irregularidades– les corresponden a la Secretaría de Obras Públicas y al Enargas (Ente Nacional de Regulación del Gas), áreas que dependen directamente de De Vido.
Al frente de Obras Públicas está un “pingüino” cuestionado, José López. El Enargas está presidido por otro patagónico, Fulvio Madaro, cuya designación generó una denuncia judicial contra el Estado, ya que el nombramiento se produjo a través de un decreto presidencial y no por concurso, tal como lo exige la ley (ver recuadro).
En el Enargas también se desempeña, como vocal, Ricardo “Pacha” Velasco, el esposo de la ministra de Economía Felisa Miceli. Para la ong Asociación por la Igualdad y la Justicia, Velasco no tiene la idoneidad que establece la reglamentación del propio Enargas. Por eso, presentó una medida cautelar ante la Justicia, que se concedió pero fue apelada por el Ejecutivo.

El origen. Adrián López está preso desde el 15 de marzo, sindicado como jefe de una asociación ilícita (artículo 15 de la Ley 24769). López fue el creador y cerebro de la empresa fantasma Infiniti Group SA. Se asoció con otra persona que también está detenida por esta causa, llamada Miguel Hernández, que manejaba otra firma “trucha”: Calibán SA. Ese nombre le pareció “poco fashion” a López, por lo que propuso que en adelante el emprendimiento pasara a llamarse Infiniti Group S.A., aunque mantuvo la misma clave de identificación tributaria (CUIT) y la misma razón social que Calibán (ver entrevista).
Calibán-Infiniti Group sostenía objetivos empresariales que, de tan universales, era imposible que no despertara sospechas: podía dedicarse a la construcción, a la fabricación de automóviles o elaboración de alimentos, sin dejar de lado los negocios gastronómicos, la actividad agrícola–ganadera o la prestación de servicios de Internet. Calibán-Infiniti Group podía, entonces, encargarse de casi todo o también vender facturas a cualquier empresa. Estaba destinada –según el expediente– a serle útil a quien necesitara que lo fuera.
La multinacional de origen sueco Skanska –que en la Argentina factura 200 millones de dólares al año– fue una de las firmas que hizo uso de la opción. La compañía lo hizo a través de sus órdenes de compra Nº 53847 y 53882, en el marco de la obra que la empresa numeró internamente como 2885058 y que corresponde –según el expediente– a la Planta Compresora de Deán Funes.
El lado oscuro. Bernardo Hopital es el director regional de Recursos Humanos de Skanska y recibió a PERFIL.
—¿En sus operaciones con Calibán-Infiniti Group puede ocultarse una coima?
—No lo sé, no tengo evidencia para acusar de que se pagó una coima, –dijo Hopital.
A semejante duda de partes, hay que agregarle varios datos esenciales. El 15 de marzo pasado, Skanska sufrió en su casa central de la porteña Diagonal Roque Sáenz Peña 555 un allanamiento por parte de la DGI, en el marco de esta investigación.
Ese hecho terminó con un escándalo en la empresa, que tomó medidas de cirugía mayor: impulsada por su casa matriz, echó a siete gerentes de la representación argentina y, como consecuencia de ello, renunció el CEO de Latinoamérica, el argentino Gustavo Vago, un hombre con dos décadas en la empresa y que había asumido el cargo el 1º de enero de 2006. Duró sólo cuatro meses en el puesto.
Hay más confesiones de partes. Skanska –que es la principal constructora de puentes del planeta y una de las gigantes en obras de infraestructura– se presentó ante el juzgado en lo Penal Tributario que investiga y reconoció sus operaciones ilegales. Se mostró dispuesta a pagar por el “error” más de $ 13 millones entre impuestos evadidos y punitorios por maniobras que consideró “ilegítimas”. Y comenzó a dar los nombres de las empresas fantasma con las que operó: en su primera presentación admitió pagos a 6 firmas truchas, las que luego fueron 18 y finalmente llegaron a 23. Asombroso
Skanska quizás acunaba la secreta esperanza de que esos actos la redimirían de una investigación que podría convertirse en un incendio.
Y hay más. La empresa sueca que echó a su plana mayor y sufrió la renuncia de su CEO por haber vulnerado sus códigos de ética corporativos no realizó ninguna denuncia contra ellos y esa reacción es extraña. En su presentación ante el juzgado, Skanska reconoce “daños en su patrimonio” –y por lo tanto en el de sus accionistas– a partir de la actitud de su personal, pero inesperadamente no hace nada para restañar el daño.
Existe sin embargo un mensaje contundente de parte de la multinacional de la construcción: a partir de este escándalo, tomó la decisión de no participar de ninguna obra pública o semipública (es el caso del Gasoducto Norte) hasta que esa participación le permita cumplir con su código de ética, según confirmó a PERFIL su director regional de RR.HH. (ver recuadro).
En síntesis: tras más de medio siglo afincada en la Argentina y con decenas de obras vinculadas a los servicios públicos (ver aparte), Skanska cree que construir obras vinculadas con el Estado argentino no le permiten respetar sus férreas reglas de conducta. Estas se basan en las directivas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una estructura supranacional de la que forman parte los Estados Unidos, Canadá, Japón, Suecia y la mayoría de los miembros de la Unión Europea (ver aparte).
Sigue la lista. En el expediente, figura que Skanska le habría girado dinero por supuestas obras realizadas en la planta compresora de Dean Funes a otras siete empresas, además de a Calibán-Infiniti. En total habrían sido unos $ 6 millones. Para la investigación judicial, esos siete emprendimientos reconocen características similares a las de Calibán-Infiniti.
En su indagatoria, el detenido Adrián López relata que llegó a Skanska a través de un contador llamado Alfredo Greco. “Con él tengo una relación comercial a partir de la posibilidad de hacer el contrato con Skanska. Greco es contador y manejaba toda la parte administrativa de esa empresa”, aseguró López ante el juez.
Cuando el directivo Bernardo Hopital fue consultado sobre la presunta relación entre Skanska y Greco, negó contacto alguno: “La verdad, es la primera vez que escucho ese nombre”.
En los allanamientos realizados por la AFIP habrían encontrado papelería de la firma sueca en la que aparecería Greco.
Para los sabuesos, ese es el hombre clave para descubrir la pista del dinero, ya que tiene un protagonismo trascendente en todas las operaciones sospechosas vinculadas con la planta de Deán Funes.

El mecanismo. La investigación judicial considera que López habría depositado los cheques emitidos por Skanska en una cuenta del Banco Supervielle, de la que luego el mismo López se habría encargado de emitir cheques a favor de este contador de apellido Greco.
En base a escuchas telefónicas –un mecanismo que traza toda la causa– el dinero habría ido a parar a una mesa de dinero o “cueva” de la calle Florida 165, la que fue allanada el 20 de octubre. El juez cree que en ese lugar se habría lavado el dinero, cuyo destino final palpable, concreto e indiscutible es aún una incógnita. Pero según los sabuesos, reconocería una matriz singular: la existencia de una organización empresarial “fantasma” pero paradojalmente “muy real”, que serviría para financiar políticos o estructuras políticas que sobrevivirían a los vaivenes del poder.
De la causa surge que el juez López Biscayart cree que esa estructura económica ilegal está armada como las organizaciones guerrilleras: células que no necesariamente tienen contactos entre sí; y si los tienen, se realizan a través de una sola persona con una función limitada. Del expediente surge también, que el juez posee otra convicción: que existe un cerebro por arriba de estas células que ideó toda esta enorme red con el objetivo de lograr financiamiento y riqueza utilizando, entre otros mecanismos, la obra pública.
Hasta el momento, esta causa va por él.

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